La crisis de un exvotante

Entre las diferentes acepciones de la palabra crisis que recoge el diccionario de la real academia de la lengua española se encuentran:

-Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente.

- Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales.

- Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese.

-. Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes.

-. Juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente.

-. Escasez, carestía.

-. Situación dificultosa o complicada.

Desconozco si la situación de la economía capitalista mundial, y por ende española, se encuentra afectada por una enfermedad, una mutación, un cese, un momento decisivo, un examen cuidadoso o una situación de escasez o complicada. No sé a cual de las definiciones se refieren los políticos españoles cuando se les llena la boca con esa palabra mientras nos piden esfuerzos y que “arrimemos el hombro” para superar la tan cacareada crisis cuando ellos mismos son los primeros en ignorar cualquier tipo de acción para recortar sus inconfesables privilegios. En este sentido es muy ilustrativo el exhaustivo trabajo de investigación del periodista Daniel Montero recogido en su libro “La Casta”, editado en 2009 por La Esfera de los Libros. El subtítulo del trabajo ya es de por si revelador: El increíble chollo de ser político en España.

En sus páginas Montero desnuda las sucias interioridades, especialmente económicas, de la clase política de este país. Los políticos españoles, esos que hablan de la crisis, además de unos abultados sueldos por los cargos que desempeñan, acumulan una serie de prebendas inconcebibles para el resto de los mortales: dietas espectaculares, ventajas fiscales, compatibilidad en el cobro de diferentes sueldos y pensiones,… Un diputado de las cortes generales españolas percibe, como mínimo, cerca de 3200 euros al mes por el cargo que ocupa. A esto hay que añadir casi 900 euros al mes si reside en Madrid, y más del doble si lo hace fuera de la capital de España. Además, tienen pagados todos los gastos de transporte, por cualquier medio, para acudir al hemiciclo, y si tienen que cumplir una misión oficial, añaden a sus emolumentos una dieta de 150 euros diarios si su trabajo les exige desplazarse al extranjero, o de 120 si es dentro del territorio nacional. Para redondear sus pingues ingresos también pueden recibir entre 800 y 10.000 euros al mes, por gastos de representación y otros conceptos según el cargo que ocupen en las comisiones parlamentarias que ellos mismos crean y se reparten a su conveniencia. Las cifras se vuelven desproporcionadas en comparación con el salario medio en este país, que se aproxima a los 1.600 euros al mes.

Para hacerse una idea y concretando algunos de los datos que plasma Daniel Montero en su libro es significativa, no sólo por la cantidad que cobra, sino por el hecho de que en año y medio de legislatura no había realizado ni una sola intervención ante la cámara, la situación del exministro de trabajo Jesús Caldera. El susodicho cobró más de 120.000 euros en 2009 por todos sus cargos: exministro, diputado, vocal de la diputación permanente y miembro de una comisión, y como reflejan las actas, sin ni siquiera realizar ninguna acción ante la cámara. Los descomunales salarios políticos son independientes del color del partido, del sexo o la edad del personaje, y así otros indicativos sueldos son el del presidente de la cámara baja, José Bono, que recibe más de 13.000 euros al mes, Mariano Rajoy, lider de la oposición que suma cerca de 9.000 mensuales entre su cargo de diputado y presidente del PP, o Leire Pajín, reciente senadora que cobra, además de los 3.100 euros de ese cargo, otros 5.500 por su labor en el partido, y el ochenta por ciento del sueldo que cobraba como Secretaria de Estado de Cooperación, unos 103.000 euros anuales.

Con todo, sería sencillo deducir que las batallas entre políticos están más destinadas a alcanzar esas cotas de poder que les permiten cobrar descomunales sueldos y colocar a sus adeptos en los cargos más lucrativos que en defender el interés común. En cualquier caso, los sueldos deben ser demasiado bajos porque únicamente el 33 por ciento de los diputados se dedican exclusivamente a su labor en el Congreso, el resto tiene más ingresos por actividades que compatibilizan con la de miembro de la cámara baja, incluyendo algunas lucrativas participaciones en medios de comunicación.

El congreso se puede considera la cúspide de los privilegios de la política nacional, pero no es la única. Presidentes de comunidades autónomas y de instituciones importantes dilapidan salarios, dietas y gastos de representación y de imagen hasta límites insospechados. Los europarlamentarios españoles, que pueden realizar dispendios aún mayores con sus gastos asignados, vieron doblado su sueldo el pasado año hasta los 7600 euros mensuales. Antes cobraban igual que sus homólogos nacionales de cada uno de los países, pero en el año de la crisis, el parlamento europeo en un derroche de austeridad decidió igualarles el salario a todos.

La descabellada escalada de salarios no es exclusiva de altos cargos y de grandes ayuntamientos (por ejemplo el alcalde de Barcelona cobra más de 170.000 euros al año), y de este modo hasta el ayuntamiento más diminuto puede tener a su cabeza un desvergonzado que se pone un sueldo absolutamente desproporcionado, y así en este país hay alcaldes que cobran cerca de 4000 euros al mes por dirigir un municipio de apenas mil habitantes. Este tipo de casos proliferan y se alimentan a la sombra de los ingentes ingresos que ha proporcionado la explosión urbanística y la recalificación de terrenos. Junto a ello se han multiplicado los salarios de los alcaldes y ediles, así como el número de estos que se emplean con dedicación exclusiva en el cargo, es decir que hacen de la política su profesión y medio de vida, en muchos casos sin conocerse exactamente sus funciones o el trabajo que desarrollan. Por si fuera poco, bajo el gobierno de Zapatero se aprobó en 2006 una ley que permitía cobrar el paro a todo este tipo de cargos con dedicación exclusiva, como si hubieran sido contratados para ello, en el caso de perder sus poltronas, incluso si el motivo es, por ejemplo, la separación del cargo por corrupción. Un paso más en la profesionalización de una actividad que debiera estar marcada por la vocación de servicio público.

Así, mientras el gobierno socialista garantiza a los políticos continuar chupando de la teta del estado aún después de abandonar el cargo, también le hace el trabajo sucio al PP, para cuando llegue al poder, y además de subir los injustos impuestos indirectos, como es el caso del IVA, que penalizan a todo el mundo por igual sin tener en cuenta sus ingresos, ya pretende que los españoles nos jubilemos a los 67 años, y teniendo que cotizar 35 años, los quince últimos con la máxima cotización, para poder jubilarse cobrando los poco más de 32.000 euros de pensión máxima, los diputados y senadores pueden cobrar esa cifra con tan sólo siete años en su cargo.

Por si fuera poco, muchos de esos políticos tienen acceso a tarjetas visa con cargo a las instituciones, gastos telefónicos pagados, coches para su uso personal (como ejemplo más indicativo sirva que el Audi A-8 blindado que utiliza el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y que cuesta a los contribuyentes 150.000 euros por cada uno de los cuatro años que dura el contrato de arrendamiento y mantenimiento del vehículo)… Pero por si aún no fuera suficiente, el chollo de ser político en este país se redondea con los regalos, comilonas y demás prebendas que les confiere el poder de sus cargos.

En este sentido es habitual, y los tribunales y algunas cárceles están llenos de ejemplos, de lo sencillo que es enriquecerse con comisiones y “detalles” de aquellos a quien pueden favorecer con la capacidad de decisión que les confiere su cargo. Ahí entra en juego una nueva pata de la estructura sobre la que se asienta el capitalismo: las empresas y empresarios. Aquí la situación también es significativa. Para que un político reciba una dádiva, con oscuras intenciones o sin ellas, es necesario que alguien se la de. Después la puede aceptar o no.

De nuevo, como en el caso de los políticos y de cualquier grupo, no se puede meter a todos los empresarios en el mismo saco. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que como ellos mismos aseveran en su página WEB, es la institución representativa de los empresarios españoles es Gerardo Díaz Ferrán. Los empresarios de este país le eligieron democráticamente para representarles y ser la cabeza visible de todos ellos, pero no deja de ser inquietante que Díaz Ferrán como empresario haya estado al frente de Air Comet. Una compañía aérea que quebró el pasado mes de diciembre dejando colgados a sus 640 trabajadores, a los que en algunos casos debía hasta seis meses de nóminas, y a un montón de usuarios, la mayoría inmigrantes sudamericanos, que con mucho esfuerzo habían reunido el dinero para poder comprar los billetes.

Entre posibilidades de estafa por continuar vendiendo billetes una vez finalizada la actividad de la compañía, lo innegable es que Díaz Ferrán dirigió una compañía que acabó en quiebra y debiendo unas cuantas mensualidades a sus trabajadores. Quien halla volado en esta compañía, además de conocer la rácana austeridad que la presidía, llegando incluso a cobrar 3 euros por el alquiler de los auriculares y ofertando escaso material audiovisual gratuito para el ocio y siendo el resto de pago, sabrá que la quiebra no ha podido ser provocada por la falta de viajeros y que incluso el overbooking no era demasiado extraño en sus vuelos, así que no fue la falta de pasajeros la que provocó su cierre. El propio interesado llegó a afirmar que ni él mismo volaría en su compañía con todo lo que sucedía a su alrededor.

Durante la crisis de Air Comet, Díaz Ferrán era consejero de Caja Madrid (otro de los cargos donde se apoltronan los políticos para redondear sus exiguos salarios, ya que las cajas de ahorros tienen representación de diversas instituciones políticas de las provincias donde tienen sus sedes sociales y reparten una media de 15.000 euros al año (las grandes pagan más, y las pequeñas menos) a quienes ocupan los puestos únicamente por asistir a las reuniones a las que se les convoque). La entidad bancaria acabó por abrirle un expediente por impago de un crédito de 26,5 millones de euros que había obtenido para inyectar liquidez a sus negocios. Ahora el empresario ya no figura entre los consejeros de Caja Madrid. El conjunto de todo ello confecciona una extraña tarjeta de presentación para alguien que representa y preside a muchos empresarios españoles. En cualquier caso quienes le eligieron “cerraron filas” en torno a Díaz Ferrán ratificándole en su cargo y considerándole representativo de todos ellos a pesar de lo sucedido.

Así en esta época de crisis, palabra que también llena la boca de los empresarios, el mismo que adeuda un montón de mensualidades a los extrabajadores de Air Comet es el encargado de negociar las medidas para atajar la situación. Para ello pide, como siempre han pedido los empresarios, moderación salarial y flexibilizar el despido con indemnizaciones aún menores que las actuales, que por cierto han sido recortadas constantemente en los últimos años. Eso sí, como los políticos, ninguna referencia a reducir sus beneficios. Tal vez legítimos, pero al fin y al cabo beneficios, y si hay que “arrimar el hombro”, como dicen, lo tendremos que arrimar todos, no siempre los mismos.

También cabe la posibilidad de que no quieran reducir sus beneficios porque parte de ellos se destinen a agasajar a la casta política, a través de trajes y similares y de comisiones y prebendas que en muchos casos se utilizan para financiar a los propios partidos políticos y a enriquecer a los ediles implicados. En este sentido tribunales y cárceles están llenos de ejemplos. Entre los logros de los dos gobiernos de Aznar; además de lograr involucrar a nuestro país en el genocidio del pueblo iraquí, sin la legitimación internacional y en contra de la opinión de los españoles, aunque con el respaldo de sus acólitos populares que traicionaron la voluntad de sus votantes, a pesar de lo cual muchos de ellos vuelven a ocupar sus escaños; también logró multiplicar los beneficios de las constructoras. La construcción siempre había sido una actividad rentables para empresas y ayuntamientos, pero con el caldo de cultivo “aznariano” proliferaron las grandes urbanizaciones, el pelotazo del ladrillo, el boom de la construcción. Después se vio que todo era un fiasco, la llamada burbuja inmobiliaria, y la geografía española se plagó de cadáveres de construcciones inacabadas. Por el medio, oscuras concesiones de licencias, comisiones inconfesables, financiaciones ilegales y enriquecimientos ilícitos. Después quedaron constructoras arruinadas, otras no tanto, mucho paro en el sector y cientos de ciudadanos de a pie sin un duro en el bolsillo porque habían entregado su dinero para un inmueble que jamás llegaron a tener, y lo más sangrante es que en muchos casos aquellos que recibieron el dinero continúan paseándose por la calle con su mercedes y disfrutando sus chalets de alto standing. También aquí la crisis tuvo efectos diferentes según en quien, del mismo modo que Díaz Ferrán continúa con sus lujos y privilegios mientras sus extrabajadores de Air Comet pasan situaciones económicas apuradas, de igual modo que los clientes de la compañía que se vieron afectados por la quiebra.

Como en el caso de la compañía aérea, parte de la culpa de lo sucedido se achaca a la falta de liquidez y financiación. Es aquí donde entra en juego otra de las patas que componen el sistema capitalista y la crisis que nos atenaza: el capital. Las entidades financieras, esas que pagan millonarias pensiones a sus ejecutivos (el BBVA pagará a su presidente casi 80 millones de euros cuando se jubile y a su consejero delegado casi sesenta cuando lo hizo el año pasado), esas mismas que nos cobran desproporcionadas comisiones cuando realizamos una donación para los afectados del terremoto de Haití, e incluso cuando queremos disponer de nuestro propio dinero, pues bien, esas entidades y sus extrañas maniobras lograron amasar unas pérdidas de miles de millones de euros, así que necesitaron potentes inyecciones de dinero público para tapar sus agujeros y evitar el caos del sistema financiero internacional.

El proceso lo que ha hecho simplemente ha sido socializar, es decir hacer de todos los ciudadanos a través de las administraciones, unas pérdidas que habían sido provocadas por las actuaciones de los propios ejecutivos que se repartían sustanciales cantidades por un trabajo no demasiado efectivo a juzgar por los resultados, a pesar de que algunos de ellos eran gurús idolatrados por el capitalismo. Evidentemente todas estas entidades jamás reparten sus beneficios, cuando los tienen, entre todos aquellos a los que han implicado en sus pérdidas, pero incluso de eso siguen recaudando los políticos a través de su participación en los consejos de administración de las cajas de ahorros.

En España dicen que el agujero bancario no fue tan grande, pero muchas entidades recibieron fondos públicos, en total 19.000 millones de euros. Ellos también hablan de crisis, y por eso, aducen, que ya no conceden tantos créditos y que es más difícil acceder a ellos. Parece coherente para no caer de nuevo en los mismos despilfarros, pero ahora bien, ¿a quien afecta ese mayor control? Parece que no, por ejemplo, a Díaz Ferrán que amplió sus créditos con Caja Madrid durante los últimos cinco años y sin apenas avales. Así pues la crisis tampoco aquí afecta a todos por igual, y menos a los directivos de los bancos que siguen cobrando sueldos millonarios gracias a la aportación pública y no por los resultados de su gestión. Tampoco sabemos si esa dureza crediticia afectará a los partidos políticos que en diferentes ocasiones han visto incluso condonada su deuda con algunas entidades bancarias, aunque no se sabe cual era el contenido del inconfesable cambio.

El siglo XXI ha incrementado aún más la globalización del planeta. También la crisis se ha globalizado, y ahora afecta a todo el mundo, pero como siempre a unos más que a otros. Los países pobres serán cada vez más pobres, y los ricos, aún más ricos; y dentro de cada país, los pobres se empobrecerán más, y los ricos se enriquecerán más todo ello gracias a las multinacionales que explotan materias primas y mano de obra, a los bancos, que también participan en esas empresas y sangran a su modo a los ciudadanos y a los políticos que con su actuación sólo alientan los beneficios de multinacionales y bancos con su actitud porque lo único que pretenden es acabar cobrando de unas y otros, como demuestran continuamente.

Extrapolando y centrando el axioma en el panorama español, parece quedar claro que mientras la crisis parece afectar más al sistema, los políticos, que en muchos casos acceden a sus cargos sin demostrar su capacidad para ello, legislan aún más en su propio provecho y en el de sus amigos y forman un estamento cerrado, al que hace referencia Daniel Montero en el título de su libro. En total, entre concejales, diputados provinciales, autonómicos, nacionales y supranacionales hay cerca de 80.000 personas que se dedican al negocio de la política, lo que supone un gasto de 720 millones de euros anuales. Además de los abultado sueldos que se embolsan quienes se dedican a la actividad política

Desde su privilegiada situación alimentan y ayudan a empresas y bancos que de ese modo tapan sus agujeros o incrementan sus beneficios porque los miembros de la Casta saben que de ese modo se garantizas ingresos extra o empleos muy bien remunerados (no en vano muchos políticos ocupan cargos importantes y extraordinariamente pagados en entidades bancarias y otras empresas privadas. El libro de Montero está plagado de datos al respecto, por ejemplo, el retiro político de Eduardo Zaplana en telefónica con un millonario salario, el de Rodrigo Rato en Caja Madrid o el de Narcis Serra en Caixa Catalunya). Así pues esas tres facciones del sistema capitalista que nos hablan de “crisis” y de “arrimar el hombro”, políticos, empresarios y banqueros no tienen ni idea de lo que significan ambos términos ni están dispuestos a aprenderlo. El resto de los mortales, los curritos de a pie, el grueso de los que componen la cuarta pata del capitalismo, la fuerza del trabajo, están tan acostumbrados a la crisis que llevan prácticamente toda su vida sumergidos en ella y haciendo auténticos equilibrios para llegar a fin de mes, y es precisamente a ellos a quien más afecta.

Los intentos de los políticos por lavar su imagen y los resultados de la escasa legislación al respecto son indefinibles. Se han introducido normativas para que los políticos declaren su patrimonio con el fin de evitar la utilización del cargo que ocupan para enriquecerse. Algunos declaran posesiones patrimoniales importantes, pero otros, como por ejemplo el presidente de la generalitat valenciana desde 2003, Francisco Camps, quien cobra un sueldo cercano a 80.000 euros, además de sus otros privilegios y prebendas, asegura tener una cuenta bancaria con 900 euros, otra compartida con apenas 1.400, un coche matriculado en 1995 con 1.500 euros de valor y un inmueble con un valor catastral de 110.000 euros. Pobrecito, si es que no le llega ni para trajes, así que no es descabellado pensar que de tanta lástima que alguien se los quiera regalar.

Si Camps no pretende insultar nuestra inteligencia, y los datos que ha facilitado son ciertos, cabría preguntarse si este abogado de 47 años, concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia en 1991, diputado regional en 1996, consejero de cultura valenciano un año después, y tres más tarde secretario de Estado de Administraciones Territoriales en el gobierno Aznar es la persona más adecuada para estar a la cabeza de la gestión de los 14.286 millones de euros de presupuesto con los que contaba la institución en 2009. Si en la gestión de su patrimonio personal parece ser tan manirroto que apenas tiene para sobrevivir, que no hará con unos dineros que no son suyos, y por lo tanto menos doloroso derrocharlos.

La mayoría de estos despropósitos son posibles porque los propios políticos son quienes legislan las leyes que les regulan. Todos tendríamos unos sueldos descomunales si fuéramos los encargados de decidir lo que cobramos. En este sentido resulta sorprendente la desfachatez de algunos ministros al criticar, por ejemplo, lo mucho que cobran los controladores aéreos. Sin duda la cifra es muy elevada, pero dudo mucho que ellos hayan tenido el poder de decidir cual es y han tenido que luchar para ello. Lo que es seguro es que únicamente cobran cuando trabajan, no como los políticos que no tienen que justificar asistencia ni fichar para llevarse el dinero a casa, y, lo que es más sangrante aún, no han tenido que formarse, ni estudiar, ni demostrar sus capacidades para ocupar unos cargos que en demasiadas ocasiones les quedan grandes y son elegidos a dedo.

En el resto de los países las andanzas de los políticos no son más halagüeñas y se reproducen situaciones similares a las de España. Lejos de ser un consuelo, lo que parece es reivindicar la calaña de los políticos, auténticos especialistas en no pedir nada a la energía suprema, únicamente que les ponga donde haya. Del resto se encargan ellos. El problema es que no es un ser superior quien les pone allí, sino nuestros votos, y es ahí donde surge la crisis de conciencia, la otra ya te afecta prácticamente desde que naces. ¿Por qué tengo que votar a una persona, a quien elige el partido en vez de yo, y que una vez en el cargo se preocupa más por sus intereses y los del propio partido que le acoge que en los intereses generales? No hay ningún motivo para hacerlo, así que la verdadera crisis de un exvotante es tener que soportar a los políticos y sus estrategias destinadas a perpetuar sus privilegios, y la única manera de tratar de evitarlo es no votarles hasta que demuestren su honestidad permitiendo que los electores decidan que se merecen su voto, y para ello son necesarias las listas abiertas donde realmente rindan cuentas de su trabajo y pueda eludirse la creación de esa Casta impune y descarada, perpetuada y cerrada por los partidos, que se pega la gran vida a cuenta del sufrido contribuyente.

Evidentemente, como en todos los grupos, profesiones o sectores, no se puede meter a todos ellos en el mismo saco, pero mientras no demuestren lo contrario dejando que sean los votantes quienes les elijan a través de listas abiertas, y parafraseando al genial y polifacético cantautor, que también fuera diputado entre los años 2000 y 2008, José Antonio Labordeta, hago extensivo su deseo, expresado en el congreso y en el ejercicio de sus funciones a un grupo de diputados del PP, a todos los políticos deshonestos e insolidarios de este país: “…A la mierda…”.