Con demasiada frecuencia nos imponen una supuesta realidad, y ocultan esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

domingo, 29 de junio de 2014

Realidades impuestas



Las complejas organizaciones sociales humanas siempre han necesitado de canales y sistemas para informar a sus miembros de las directrices y bases de funcionamiento que habrían de regirlas en cada momento, y estas necesidades aumentan con el tamaño de los grupos. Desde la invención de la imprenta, que permitió la cómoda multiplicación de los mensajes y la posterior aparición de los periódicos, con su esencia de llegar al máximo de audiencia posibles, éstos fueron utilizados, además de por los opositores a las estructuras dominantes, por los propios poderes que las sustentaban.
Así, con esta doble función, de denuncia y de altavoz, los periódicos fueron creciendo y proliferando al amparo de avances técnicos hasta que con la revolución industrial y las nuevas sociedades masificadas conformaron los conocidos como Mass Media, o medios de comunicación de masas con cada vez mayor difusión.  Las nuevas tecnologías permitieron la aparición de variados y novedosos soportes audiovisuales para la transmisión de información que fueron también adoptados por los mass media, a la par que la globalización y las tendencias monopolísticas les aglutinaban y concentraban, incrementando su poder y eficacia, pero disminuyendo su variedad ideológica afianzando de ese modo su vocación difusora frente a la reivindicativa. En realidad en ambas vertientes domina la  difusión, y ésta es su característica  principal, y no la de comunicación, como pretende subrayar su nombre. Para que haya comunicación debe existir una interacción más amplia entre emisor y receptor que la que se produce entre los medios y su audiencia.
Así los medios de difusión se han convertido en la herramienta esencial para la  pervivencia del sistema y la propagación de sus intereses en cada momento. Evidentemente también en ocasiones asumen su función de control y crítica, pero ni mucho menos es la esencial. Su amparo al sistema se realiza de diferentes modos. El primer tamiz se da en la selección de lo que se va a difundir o no. En este sentido apenas el diez por ciento de la información que llega a un mass media ve la luz, y siempre bajo los criterios y extensiones deseadas por su línea editorial, quedando fuera o minimizado el resto, produciéndose ya una inicial imposición de la realidad, porque parece que lo que no difunden los medios no existen, y sin duda es más difícil de llegar a conocer, y por lo tanto a triunfar.
La importancia de las decisiones políticas en todos los aspectos de nuestras vidas han aupado a las actuaciones y declaraciones de nuestros representantes políticos al status de noticia, y así con cada una de intervenciones básicamente pretenden justificar sus decisiones, actitud y comportamiento. En España, el férreo sistema pactado como disfraz democrático por las tradicionales oligarquías gobernantes está basado en un bipartidismo alternante y otras obsoletas estructuras e instituciones, como las diputaciones, la monarquía, o el engendro autonómico fruto del café para todos.
Para el sostenimiento de tamaña farsa es necesaria la compacta defensa del sistema de todos cuantos viven cómodamente de él. Así, es casi un sacrilegio cuestionar los contenidos de nuestra constitución o el funcionamiento de la monarquía y sus instituciones, cuya democracia, dicen, viene legitimada por el voto libre que ejercemos cada determinado periodo de tiempo. Lo cierto es que el resultado del experimento no puede ser más deleznable, y la corrupción y la falta de transparencia es brutal en casi todas las instituciones y símbolos del sistema, especialmente preocupante en los grandes partidos políticos. La estrategia de éstos para defender su supuesta realidad y tratar de inculcársela al resto de la sociedad  se desarrolla a través de la calcada repetición de todos sus miembros de las  consignas y motivos que marca e impulsa el partido desde los intereses de la cúpula, pretendiendo así dar sensación de unidad, pero en realidad dejando patente el carácter impositivo de sus decisiones. La extendida práctica que hace que todos los políticos de un partido repitan hasta idénticas palabras para referirse a un mismo asunto y pretender de ese modo crear su realidad se denomina, ladinamente, “argumentario”, pues intenta construir argumentos para validarla.
El inexistente palabro es de uso tan generalizado que la vigésima tercera edición del diccionario de la RAE ya prevé su inclusión entre sus entradas, definiéndose como el “conjunto de los argumentos destinados principalmente a defender una opinión política determinada”. De ese modo pretenden crear una realidad a través de opiniones que aspiran a convertir en dogmas repitiendo hasta la saciedad los argumentos, mayormente insulsos y pueriles, que cada mañana inculcan a sus miembros para que procuren su proliferación.
Si bien es cierto que muchos de quienes repiten las consignas son mediocres oradores sin capacidad cerebral para pensar por si mismos, lo se nota en cuanto abren su boca y delata la vocación de los partidos por promocionar, no a los más válidos, sino a los más sumisos, la mera repetición de los mensajes, más que la calidad de su origen, puede calar en una población demasiado acostumbrada a cobijarse en espectáculos deportivos o cotilleos televisivos.
Las últimas consignas del partido en el poder ya tienen en su punto de mira las elecciones del próximo año y van dirigidas a tratar de hacer creer que sus recortes y actuaciones han provocado que España salga de la crisis, y anuncian una bajada de impuestos, para así reivindicar que cumplen sus promesas. La cantinela es reiterada por los representantes populares cada vez que tienen un micrófono delante, pero tan sólo es una verdad a medias.
La única crisis que ha solucionado el gobierno popular, es la generada por los despilfarros bancarios, pero la ha trasladado a la sociedad, recortando el estado de bienestar, los derechos de los trabajadores e incrementando los impuestos y privatizando algunos servicios. En realidad la receta ni siquiera  es del PP, sino la impuesta por los organismos internacionales para salvar al sector financiero, al capital que da nombre al sistema, de sus derroches y excesos.
En cuanto a los cumplimientos de las promesas electorales, el PP ha incumplido todas desde que llegó al poder, y el descenso de la presión fiscal anunciada apenas compensará de la anterior subida impositiva a las rentas más altas, y lo único que pretende lograr es que la mayor liquidez en los bolsillos de los ciudadanos para que consuman más y de ese modo recaudar más impuestos y cumplir sus objetivos presupuestarios. Pero una vez más lo hacen a costa de los más débiles, y olvidándose del problema real favoreciendo a los de siempre.



Los gobiernos cuentan con otro modo menos sutil de informar a los ciudadanos de sus acciones, se trata de la publicidad institucional con la que tratan de reforzar sus políticas, y de paso financiar soterradamente a sus medios más afines.
En este sentido el gobierno de Rajoy aprobó el pasado mes de enero el Plan de publicidad y comunicación del estado que destinará durante este año 147 millones de euros para financiar 72 campañas institucionales, cifra que, en plena crisis y recortes, supone un incremento de más del veinte por ciento con respecto al año anterior, en el que se había incrementado otro veinte por ciento. Cierto que, como se defendía el gobierno, aún queda lejos de los más de 190 millones de euros que se gastaron en 2006, cuando se contabilizó por primera vez el gasto en publicidad del gobierno, pero entonces se pretendían vender, entre otras cosas, las bondades de una Ley de Dependencia ampliamente mancillada desde su aprobación.
Entonces eran inmerecidas medallas a meritos soñados, ahora son burdas justificaciones a inoperancia y mediocridad.


Que quienes privatizan hospitales, no invierten en carreteras, aprueban amnistias fiscales, participan en fondos opacos o reciben sobresueldos en sobres pretendan hacer sentir culpables a los consumidores para que no intenden eludir el pago del IVA en sus facturas es más que patético, es imponer una falsa realidad. Lo que defraudas tú, lo pagamos todos, si el que defrauda es usted, es que es un hacha de las finanzas. “Jodio servilismo”, que diría Forges.

viernes, 20 de junio de 2014

Del engaño al privilegio (Tragedia de actualidad en tres actos)



Acto primero

Uno de los mejores modos de evitar la participación de los interesados en determinados asuntos que les afectan es complicar tanto la comprensión de su funcionamiento o regulación que la mera posibilidad de tratar de aproximarse a ello para entenderlo, y así poder mejorarlo o modificarlo, llegue a asustar por el entramado de complejidades que encierra. Los menos jóvenes podrán recordar, por ejemplo, la simplicidad de los antiguos motores de los coches. Al abrir el capó del motor no había dudas de donde iba el líquido refrigerante, el aceite, las bujías, o cualquier otro elemento susceptible de necesitar una actuación o reparación urgente para salir del paso. Ahora, la complejidad provocada de los automóviles te obliga a que, mayormente, tenga que ser un taller el que solucione cualquier tipo de inconveniente. Es evidente que la comodidad nos empuja a ello, pero nos hace completamente dependientes y necesitados de dinero para poder satisfacer casi todas nuestras necesidades. Además, el mejor modo de empujar a la comodidad y a la renuncia del dominio de cualquier tipo de actividad es complicarla tanto que resulte incómoda y tediosa.
Si bien todo poder establecido pretende mantener su dominio sobre el campo en el que extiende su mandato, la globalización del sistema consumista capitalista ha mercantilizado cualquier producto o servicio para que tenga un precio hace que ese control se intente extender a todos los ámbitos de nuestra vida. La comodidad siempre ha sido el principal motivo para adoptar y aceptar voluntariamente las nuevas tendencias, si bien el prestigio que la ciencia o el conocimiento las puedan conferir son otro extraordinario acicate para su propagación. El miedo es otro de los grandes elementos para imponer normas o criterios con facilidad.
La implantación del globalizado sistema, actualmente, se basa en dos pilares fundamentales que pretenden legitimarlo y organizar su estructuras y funcionamiento en base a las mismas, y ambas se intenta limitar el acceso a su comprensión del gran público mediante el enrevesamiento y la complejidad, para así poder dominarlos mejor. Evidentemente podía no ser así, y ser ambas herramientas esenciales en la construcción de una sociedad más justa y ecuánime, pero jamás es de ese modo cuando prima sobre lo demás el dinero y la obtención de los máximos beneficios.
El primer pilar, compuesto por las leyes, normas, reglamentos y jurisprudencia bajo la forma del encumbrado Derecho,  disfraza de legalidad y democracia a los gobiernos y países, y marca reglamentariamente la vida de sus ciudadanos reflejando la ideología, progresista o retrógrada, de sus impulsores, y por lo tanto pueden diferir bastante en sus matices.
El segundo pilar se ha globalizado con el sistema y evoluciona, y se copia, casi idénticamente en cada uno de los países que se adhieren al mismo. Se trata de las directrices y tendencias que regulan los modos de producción ascendidos al pedestal de Ciencias Económicas. Actualmente las teorías neoliberales dominantes se basan en la supremacía de los mercados, intocables por las legislaciones, y que en su autorregulación, provocan las crisis con la finalidad de enriquecer a quienes más tienen a costa de la progresiva pobreza de los demás.


Acto Segundo

Ambos pilares, Derecho y Economía, uno desde sus particularidades y el otro desde su universalidad, comparten estrategia para  desapegarse del interés de los ciudadanos y es vistiéndose de complejidad, tedio e incompresibilidad para los profanos, lo que en primera instancia se logra a través de un lenguaje técnico y engorroso que denota más trascendencia que transparencia para esconder la realidad y alejar a los ciudadanos de su confección, para que se limiten a acatarla. La creciente importancia de la Economía, además, hace que el Derecho legisle bajo premisas y criterios macroeconómicos que sacrifican humanidad y naturaleza en aras del máximo beneficio para el capital. Como nítido ejemplo sirva el propio reino de España cuyas políticas sociales variaron notablemente a partir de mayo de 2010, iniciando recortes presupuestarios bajo las directrices económicas de los organismos europeos e internacionales. La culminación a tales instrucciones se produjo durante el periodo vacacional veraniego de 2011, cuando los grupos socialista y popular presentaron conjuntamente la propuesta de modificación del artículo 135 de la constitución. Se trataba de primar el pago de la deuda del estado con los bancos sobre cualquier otro posible destino de los impuestos de los ciudadanos. La artera aprobación se realizó en el pleno extraordinario del 2 de septiembre de 2011, que había rechazado todas las enmiendas presentadas a la propuesta, y con 316 votos a favor, 5 en contra, la abstención de nacionalistas vascos y catalanes y el abandono del hemiciclo por parte de las agrupaciones de izquierdas, que no quisieron ser testigos, ni legitimar con su presencia, la atroz y servil  modificación que, en detrimento del pueblo, entrega la soberanía al capital. Gaspar Llamazares tuvo que permanecer en el hemiciclo ante la cierta posibilidad de que socialistas y populares introdujeran alguna modificación para ganarse el voto de PNV y CIU.
Tras aquella clara proclamación de prioridades, y el posterior y aplastante triunfo electoral del PP, la política española ha bailado al son de los intereses económicos y empresariales, recortando derechos laborales y sociales e incrementando impuestos que han multiplicado la pobreza y ampliado las diferencias entre ricos y pobres.
La facilidad con la que los políticos españoles se plegaron a los intereses del capital no es novedosa, sino que es algo recurrente en este país y en algunos aspectos supera con creces al existente en todo el planeta o privilegia en exceso a determinados sectores dominantes. Decenas de noticias desvelan que Internet, la telefonía o los beneficios de las empresas energéticas son mayores en este país que en su entorno europeo, mientras otras tantas denuncian que se encuentra a la cola de prestaciones sociales y transparencia con respecto a sus socios occidentales.


Acto tercero

Quizás el más nítido ejemplo de los desmanes legislativos de este reino con respecto a los intereses económicos de determinados grupos, mientras es pernicioso para la mayoría, sea el relacionado con la vivienda.
España era el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de vivienda en propiedad. Esto era incuestionable, pero la ampliación en el número de miembros en la institución  nos ha relegado a la  séptima plaza, si bien sigue siendo el líder del grupo de países más desarrollados, y los que superan su porcentaje de vivienda en propiedad se debe más a la miseria social en esos lugares en los que gran parte de la población no tiene ingresos para pagar un alquiler, y menos una hipoteca, con lo cual viven de cualquier modo, como sucedía en España con el barraquismo que proliferaba durante el franquismo y cuyos pobladores no eran ni propietarios, ni inquilinos. Así pues, queda claro que, efectivamente, España es el país europeo, de los supuestamente desarrollados, con mayor porcentaje de vivienda en propiedad. 


Esto no es por casualidad, sino potenciado por, entre otras cosas, las políticas fiscales que desgravan la adquisición de vivienda, y en épocas de crisis, con elevado paro y recortes salariales e incremento de impuestos, provoca que muchos propietarios pierdan sus inmuebles. Los estudios, datos e informes señalaban que los desahucios en España durante los últimos años se aproximan a los 150 diarios. Es cierto que una parte importante de los mismos, algo más del 50 por ciento, está relacionado con el impago del alquiler, lo cual no deja de ser dramático, que otra porción considerable, cerca del 20 por ciento, se corresponden con hipotecas y desahucios de segundas viviendas y otro tipo de inmuebles, pero casi el 30 por ciento restante se corresponde con primeras viviendas.
El impulso especulativo del ladrillo, aupado por la promiscuidad bancaria a la hora de conceder préstamos hipotecarios, provocó una tormenta perfecta en el sector inmobiliario. Muchos bancos se pillaron los dedos con sus excesos, pero hubo quien hizo un negocio redondo con lo sucedido, incluidos los propios dirigentes bancarios que blindaron sus millonarios salarios y dejaron los pufos al cargo del rescate que pagamos. Evidentemente los propietarios que vendieron sus terrenos en plena vorágine especulativa fueron los primeros que ganaron, algunos constructores y promotores también ganaron, pero los que más ganaron, y sin necesidad de arriesgar ni vender nada, fue un cuerpo funcionarial privilegiado desde su creación.
Mientras tanto, una parte importante de los ciudadanos sufre los excesos de los privilegios bancarios, registrales y notariales.Unos malviven en el engaño mientras otros se instalan en el privilegio.
La ley hipotecaria española es tan injusta que hasta el Tribunal de Justicia europeo en marzo de 2013 denunció que la ley hipotecaria española abusiva e ilegal y no cumple la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas en contratos privados con consumidores. La sentencia no obliga a modificar la ley, aunque crea jurisprudencia en base a la cual los jueces podrán paralizar los desahucios en caso de que el contrato particular de la hipoteca contenga prácticas abusivas, como la cláusula suelo que marca un tipo de interés mínimo independiente del oficial fijado. Otro aspecto lapidario de la legislación hipotecaria española es que no contempla la dación en pago, es decir la entrega de la vivienda como pago a la deuda adquirida, y aunque el gobierno popular se apresuró a legislar para satisfacer a las instituciones europeas y apenas tardó dos meses en hacerlo aunque lo hizo en solitario amparado en su mayoría absoluta y rechazando la dación en pago universalizada que aclamaba la sociedad y habitual en muchos países. Las únicas medidas fueron limitar las condiciones para conceder créditos hipotecarios y establecer un periodo de dos años durante los cuales no se ejecutaran desahucios a quienes cumplan determinadas condiciones.
Así pues todo sigue parecido y el grueso legislativo hipotecario se basa en una ley franquista aprobada por decreto en 1946, y cuyo reglamento se decretó un año después, que favorecía claramente a los bancos y que apenas ha sido modificada en sus aspectos esenciales, de ahí que persistan los intereses bancarios sobre los de los usuarios, si bien deja abierta a la negociación privada sus contenidos, con lo que podría incluirse una cláusula particular en cada hipoteca que admitiera la dación en pago, pero en ese engorroso mundo apenas ningún usuario lo sabe y se han generalizado modelos de contratos hipotecarios impuestos por los bancos y sus abogados y economistas.
Llegado este punto cabe cuestionar la función de los funcionarios que intervienen en el proceso hipotecario.  
El origen del privilegiado millar de funcionarios que hace interminables negocios gracias a las propiedades inmobiliarias es anterior a los decretos franquistas y surgió al amparo del reinado de Isabel II y en plena implantación del liberalismo en España y después de sucesivas desamortizaciones se aprobó la primera ley hipotecaria el 8 de febrero de 1861. Se trata de los registradores de la propiedad, a cuya poderosa élite pertenece Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Para completar el elenco de partícipes en el festín hipotecario el 28 de mayo de 1862 se aprobó la ley del notariado en España. Ambos privilegiados funcionarios son los únicos que no tienen una nómina que limite sus ingresos, sino que cobran directamente de los usuarios,  y por cuyas manos pasan las hipotecas y sus cláusulas abusivas. A pesar de ello no denuncian sus posibles contenidos ilícitos y se limitan a leer aceleradamente los textos y a cobrar sus abundantes honorarios. Por si fuera poco ambos colectivos, especialmente el de los registradores, aspiran a hacerse con gran parte de las gestiones que actualmente realizan los registros civiles, hasta ahora gratuitamente.
La vivienda sólo afecta a sus propietarios, pero en el registro civil figuramos absolutamente todos, con lo que el negocio, el engaño y el privilegio pueden ser universales. Por cierto, un informe de la Organización de consumidores y Usuarios (OCU) de 2013 señalaba que un elevado número de ambos profesionales inflaban sus minutas considerablemente. 
De los cuatro hermanos que componen la familia Rajoy, tres son registradores y uno notario, aunque éste último falleció el pasado mes de marzo.La nuera de Gallardón, encargado de desmantelar la justicia y de privatizar cuando pueda de la misma, incluido el registro civil, también es regitradora de la propiedad. Todo queda en casa.

martes, 3 de junio de 2014

Tradiciones y ejemplos



Una tradición es una costumbre, doctrina, norma,… que se conserva en los pueblos por la transmisión de padres a hijos, y a través de generaciones. Habitualmente la bondad de las tradiciones se argumenta por su propia esencia repetitiva a través de un periodo más o menos largo de tiempo, e incluso una mayor durabilidad las confiere más respetabilidad y prestigio. Pero a pesar de ese disfraz de honorabilidad, en el que se suelen escudar sus defensores, la mayoría de las tradiciones, como corresponde con la naturaleza humana, son erróneas, al desarrollarse dentro del continuo proceso de aprendizaje y mejora que debe afectar a la especie.    
Sin duda habrá normas, costumbres, celebraciones,… perpetuadas como tradiciones que hayan sumado en positivo para todos los afectados por las mismas, aunque en general no es así por esa condena humana de avanzar a base de errores.
La historia está plagada de tradiciones desechadas. Las hay cruentas, inhumanas, execrables, inútiles,… o simplemente absurdas, aunque siempre beneficiosas o de algún modo agradables, placenteras o  favorables para los intereses de sus defensores.  
Cuando era tradición realizar sacrificios humanos para calmar a los dioses, lo que sucedió en diferentes épocas y culturas, el supuesto beneficio era para toda la comunidad; sin embargo la tradición medieval del derecho de pernada por la que el señor se podía beneficiar a la futura esposa de sus súbditos, el patente beneficio es más bien limitado a una persona. Ambas tradiciones afortunadamente dejaron de practicarse, pero hay otras muchas que aún persisten. Si bien es cierto que los ritos que aniquilan vidas humanas se han tratado de suprimir, aún actualmente, por ejemplo, se pueden dar casos de Sati, incineración de viudas, cuya vida carece de valor una vez muerto el esposo, en zonas rurales de La India, y son igualmente repugnantes tradiciones como la ablación, la muerte por lapidación y otros castigos de las prácticas musulmanas.
Con respecto a los animales, la crueldad de las tradiciones es patente, y así cada año Japón acaba con cientos de delfines, Canadá y Groenlandia hacen lo propio con focas y Dinamarca y Japón lo hacían con ballenas, todo ello en base a defendidas tradiciones.
El mismo motivo martiriza, tortura y asesina a decenas de variados animales cada año en España: se les tira desde campanarios, se les arranca la cabeza colgándose de su cuello, se les atraviesa con lanzas… En el país de la piel de toro, este bóvido es el más maltratado y cada año se celebran cerca de 15.000 festejos taurinos con sus correspondientes dosis de crueldad, si bien las corridas de toros en sí apenas superan el cinco por ciento del total.
Esa execrable pasión de las clases pudientes por la tauromaquia procede prácticamente desde sus inicios en el siglo XIII, para después integrarse en otra poderosa tradición, la monarquía, y difundirse con ella. Así los conquistadores españoles sometieron parte de América imponiendo el catolicismo, la monarquía y los toros, perfectamente integrados en Perú, México, Venezuela, Colombia o Ecuador. Desde entonces en algunos sectores sociales está tan arraigada esa tradición que mientras en Catalunya se legisla contra su celebración, las cortes populares españolas la incluyeron el pasado mes de octubre como patrimonio cultural, para tratar de perpetuarlo y tratar de convertirlo en ejemplo cultural, a pesar de ser una aberrante y obsoleta tradición. Las monarquías también son tradiciones obsoletas, como demuestra el hecho de que cada vez queden menos y las que sobreviven hayan tratado de adaptarse a los diferentes tiempos y libertades para sobrevivir.
La monarquía española actual ampara bajo su paraguas el gigantesco entramado político de poltronas del café para todos que se ideó para contentar a todos los poderes, incluso los heredados del franquismo, en la transición, y que se consagró en la endiosada constitución del 78 y su regulación de los partidos políticos como garantes de la democracia. La realidad ha demostrado que lejos de ello, los partidos se han convertido en nidos de corrupción al servicio de las oligarquías económicas dominantes. Hace apenas una semana, la formación política Podemos, demostró que hay alternativas a esa imposición de desigualdad y corrupción, cuestionando la eficacia del sistema. La abdicación del rey abre otra grieta en el mismo, de ahí que los partidos mayoritarios, PP y PSOE, pretendan blindar la figura de la monarquía, con la que no sólo comparten gusto por las tradiciones de la tauromaquia o de las cacerías, que tan maravillosamente retratara Berlanga es su saga de films sobre la escopeta nacional, sino el de vivir a cuerpo de rey sin apenas trabajo o mérito. Jamás pondrán en peligro sus poltronas respaldando un referéndum para que el pueblo elija entre una monarquía obsoleta y una republica, que además podría resolver parte de las tensiones territoriales a través de una federación de estados.
Ante la mediocridad de los políticos mayoritarios y la falta de ejemplaridad de las tradiciones, el auténtico ejemplo lo daría el príncipe Felipe renunciando al trono y optando a convertirse en jefe de estado a través de su participación en las elecciones, de modo parecido a como lo hiciera Simeón II de Bulgaria, que años después de ser expulsado del país ganó las elecciones. Esa opción, sin duda ejemplar, podría satisfacer a demócratas y republicanos, pero sin duda no haría lo propio con la gran cantidad de parásitos y corruptos que viven de las fraudulentas tradiciones. Podemos cambiar las tradiciones por ejemplos, porque las primeras se afianzaron para satisfacer a sus promotores y los segundos nos pueden ayudar a mejorar como seres humanos..

domingo, 1 de junio de 2014

Políticas efectivas



    A mediados del siglo XIX el escritor, dramaturgo y periodista londinense Douglas William Jerrold, daba con la principal clave que impulsaba la política penitenciaria de la época al afirmar “Tratar de reformar a un  hombre es un trabajo ingrato y de dudoso éxito. Colgarlo es cuestión de segundos”.
Desde entonces los avances ideológicos han sido notables, y las mejoras sociales importantes, pero nunca fue fácil aplicar ambas, pues la política, la actividad referente al gobierno de los estados y de los asuntos públicos, siempre ha estado en manos de las minoritarias clases pudientes, las que controlaban las tierras, las riquezas y los conocimientos mientras las mayoritarias clases bajas se pudrían entre la miseria y la ignorancia.
El afianzamiento del pensamiento socialista y anarquista se sumó a las aperturas alcanzadas por las revoluciones burguesas y supuso la consecución de grandes, aunque sacrificados, logros y mejoras sociales, incluidas las de la propia democracia política que vio ampliado el estrecho flujo de ideas que la limitaba. No fue fácil. Se necesitaron millones de muertos y decenas de guerras, entre ellas dos de alcance mundial, pero se llegó a cierto equilibrio, al menos de apariencia, y sobre todo una esperanza al lograrse la generalización del derecho al voto y de las supuestas democracias legislativas con su representación igualitaria bajo la falacia del “gobierno del pueblo”.
Aunque los poderes económicos siempre estuvieron al acecho, y minimizando al máximo las demandas sociales que supusieran un mayor reparto de riquezas y privilegios, los países y estados, con avances y retrocesos, fueron adoptando mejoras en sus modos de gobierno. Quizás el momento culminante de ese idealismo esperanzador fue el mayo del 68 francés con sus renovadas reivindicaciones igualitarias y sus logros de una apertura más real de los parlamentos y los gobiernos a los más desfavorecidos, pues hasta entonces, y a pesar de todas las legislaciones favorables a que no fuera así, la práctica de la política estaba reservada a quienes tenían tiempo y conocimientos para ello, y el proletariado continuaba demasiado ocupado tratando de garantizar su supervivencia, así que continuaba ocupada mayoritariamente por los herederos de las monarquías y aristocracias feudales que se habían adaptado a los tiempos e ideologías, y a los que se habían sumado los representantes de la burguesía. Todos los intentos anteriores de acceso efectivo al poder de ideologías de izquierdas fueron abortadas, comenzando por la propia Revolución bolchevique cuyos idealismos igualitarios iniciales degeneraron, entre personalismos autoritarios y luchas de poder, en la más execrable de las dictaduras condenando para siempre las teorías socialistas al identificarse con  ellas.
El mayo del 68 francés supuso, en ese sentido, el final del liderazgo político personalista dominante, y ejemplificado por el “El caos o yo” “gaullista”, dando paso a partidos políticos con unas estructuras más abiertas para la promoción de nuevos líderes. Bajo ese nuevo impulso de promesas y mejoras entre candidatos se desarrollaron los estados de bienestar, básicamente europea, que logró un reparto de la riqueza más justo, con beneficios sociales, salarios más dignos y jornadas laborales que, en la década de los noventa, flirtearon con las 30 horas semanales en países como Suecia y 35 horas en Francia.
Como contraprestación al éxito reeditado y ampliado de la “libertad, igualdad y fraternidad”, los pensadores del poder tramaron las bases del neoliberalismo para truncar  tal reparto de bienestar. Para 1976 el principal artífice de las nuevas teorías, Milton Friedman, ya era galardonado con un premio Nobel creado con el fin de privilegiar las nuevas pretensiones, el de economía. Los mercados se erigieron en triunfantes reyes intocables por las políticas dominantes, experimentadas en la dictadura de Pinochet y occidentalizadas a través de los gobiernos de Reagan y Thatcher, para más tarde imponerse con los diferentes líderes aupados al poder en las partitocracias dominantes a través de los bipartidismos que se fueron implantando para dar la falsa sensación de alternancia ideológica, pero teniendo controladas ambas opciones. Ante el dominio de un partido conservador se organiza una alternativa progresista, y a la inversa.
Tal vez porque lo sea, o porque me coge más a mano, el caso de España es nítidamente ejemplar. No sólo fue el primer imperio en dejar patente la decadencia de las monarquías occidentales mal gestionadas, sino que también fue el primer ejemplo de que el capitalismo impediría la implantación de cualquier régimen democrático con carácter igualitario y social, al frustrar, por activa y por pasiva, el desarrollo de la Segunda República Española.
Tras 40 años de franquismo, y sin dejarnos participar en los avances del bienestar, trataron de calmar las ansias progresistas y de igualdad oprimidas por ocho lustros de dictadura se inventaron el PSOE, como aglutinante de una izquierda que organizada bajo el liderazgo natural del PCE hubiera resultado peligroso. Desde entonces en este país se han turnado en el poder los supuestos socialistas que aglutinaban las tendencias más moderadas del franquismo y las democráticas menos igualitarias, con los conservadores que bajo diferentes siglas, AP, PP,… recogieron todos los poderes nostálgicos del franquismo, y de absolutismos anteriores, para tratar de perpetuarlos como, periodo tras periodo y régimen tras régimen,  había sucedido hasta entonces.     
Ese modelo de un bipartidismo dominante, que, sin existir, da la sensación de alternativa es el más repetido en el sistema quizás por eso los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo han hecho saltar todas las alarmas.
Salvo en Alemania, donde la economía va estupendamente, e Italia, donde están ilusionados con el nuevo gobierno, en el resto de los países miembros históricos de la Unión Europea el malestar con la situación política se hizo patente. En Francia y en Dinamarca, los partidos de ultraderecha se han erigido entre los más votados. En Gran Bretaña una tercera fuerza política, distinta al bipartidismo habitual, también triunfó sorprendentemente. En realidad, en la mayoría de los países las tendencias radicales de derechas han incrementado considerablemente su número de votos, lo que ha servido para que los diferentes portavoces y defensores del sistema adviertan de nuevos riesgos xenófobos e incluso algunos recuerdan el ascenso al poder de los fascismos, con cierta legitimidad democrática, pues tanto Hitler como Mussolini ganaron elecciones en sus inicios.
Entonces, como ahora, Spain is diferent, slogan elegido por Manuel Fraga para promocionar el turismo en los años 60 cuando era ministro del ramo.  Franco, el tercer dictador europeo del fascismo que contó la ayuda de los otros dos, y al contrario que ellos no partió de ninguna legitimidad electoral, y gobernó hasta morir de muerte natural y sin apenas hostigamiento de las llamadas democracias occidentales.
Ahora, como entonces, las urnas españolas no han escorado su ideología hacia la ultraderecha como el resto, seguramente porque esas tendencias ya están lo suficientemente representadas en los partidos tradicionales, sino al contrario han aglutinado un voto de izquierdas marginado de las opciones existentes. El resultado ha sido la irrupción de la formación Podemos, con cinco eurodiputados y más de 1,2 millones de votos. A pesar de no representar los peligros del fascismo y la xenofobia de los ultraderechistas triunfantes en el resto de Europa, los partidos tradicionales  españoles y todo su elenco mediático han despotricado contra la formación y su líder, Pablo Iglesias, tratándoles de frikis, bolivarianos, utópicos,… y cualquier otra ocurrencia destinada a tratar de desprestigiar el movimiento.
El nerviosismo generalizado entre políticos, empresarios, medios de difusión y poderes fácticos españoles en general no es por el temor a la xenofobia o al recorte de libertades democráticas que pudiera representar "Podemos". Es porque cuestiona un sistema corrupto en el que priman los intereses de las élites económicas, espirituales y políticas dominantes y del que España es el máximo exponente pues gran parte de su casta política, bancaria y empresarial participa de despilfarros, desfalcos y compensaciones por legislar y gobernar a favor del capital y la especulación. En realidad eso se hace en todo el globalizado planeta, sólo que aquí lo hacen tan descaradamente que ponen en evidencia el fraude que sustenta al sistema y su eficaz, para sus propios intereses, política bipartidista.
Ahora, como afirmó Jerrold en el siglo XIX, tratar de reformar a un hombre sigue siendo un trabajo ingrato y de dudoso éxito. Colgar a todos esos corruptos que permiten, amparan y fomentan las desigualdades e injusticias amparados bajo disfraces democráticos, sin duda acabaría con el problema, pero no sería digno de una sociedad avanzada, así que tendrá que bastar con expulsarles del poder a través de las urnas, para después cambiar el sistema. Ahora hay alternativas, como las hubo en 1936 cuando las izquierdas se agruparon en el Frente Popular y ganaron las elecciones. A partir de ahí fueron capaces de aplicar la constitución de 1931, tan igualitaria que extirpaba sus posesiones y poderes a la Iglesia Católica y a la monarquía y aristocracias dominantes. La alianza franquista rompió aquel sueño con el beneplácito de los fascismos europeos y de las democracias occidentales.
Ahora sería tan irresponsable que un golpe militar triunfara en España como colgar a quienes sustentan la corrupción ante la imposibilidad de que cambien, así que PODEMOS echarles. Cambiar el sistema depende de nosotros, de potenciar políticas efectivas. Es tan sencillo como variar la escala de valores que rige nuestras vidas y situar a la humanidad por encima de entelequias como dios o el dinero, o el dios dinero.