Recientemente
la OCDE,
Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, ha vuelto a cuestionar
la eficacia de las políticas educativas de nuestro país, al situar a nuestros
estudiantes por debajo de la media de los 34 países que la conforman. El
suspenso viene reflejado en el último informe PISA, siglas en inglés del
Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes, programa que se viene realizando
cada tres años desde el año 2000, y actualmente en más de 60 estados, y que pretende, mediante el análisis de los
conocimientos de los alumnos adolescentes de 15 años, la obtención de
información para mejorar y coordinar las políticas educativas de los diferentes
países.
El
informe cubre las áreas de la comprensión lectora, las matemáticas o la
competencia científica y habilidades prácticas, profundizándose en una de las
tres en cada ocasión que se ha realizado, y en todos ellas, nuestros
estudiantes se han situado por debajo de la media de los 34 países de la OCDE, si bien por delante de
otros menos industrializados.
Sin
entrar a valorar el alcance real del suceso, y de las variables en que se basa,
simplemente constatar que cuando te sitúan por debajo de la media en una lista
estandarizada y prestigiada es porque te quieren decir que algo estás haciendo
mal, al menos con respecto a lo que quieren conseguir en cuanto a esos
estándares y prestigios potenciados desde el poder. En este sentido sólo señalar
que en el último informe los productivos y disciplinados países asiáticos se
aupaban a los primeros puestos en todas las variables analizadas, en detrimento de algunos igualitarios países nórdicos, y con
respecto a España se indica que los adolescentes de las clases económicas más
altas obtienen mejores resultados, lo que puede estar relacionado con los
recortes presupuestarios y con el orientado desprestigio de lo público para
potenciar lo privado. Ahondando en esa probabilidad la propia OCDE señala que a
partir de cierto nivel de inversión, concretamente los 60.000 euros por alumno
que se invierten en España, los resultados no mejoran, y el propio director del
programa PISA, Andreas Schleicher, declaró el pasado mes de septiembre en uno
de los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander que en España “hay
demasiados profesores en relación al número de alumnos”, y que no todos
deberían cobrar lo mismo.
Pero dejémonos
de avisos para navegantes y regresemos a nuestra formación, que es lo que nos
ocupa ahora.
Los
adolescentes españoles suspenden, pues, a la hora de comprender lo que leen o
de realizar operaciones aritméticas, en lo que sin duda influye el mal, o
excesivo, uso de las nuevas tecnologías. Si bien nuestro cerebro matemático
jamás podrá sustituir el potencial de un ordenador, y tal vez por ello no es
tan preocupante la carencia de ese tipo de conocimientos, siempre y cuando no
afecte gravemente al desarrollo vital, la comprensión lectora tiene mucho que
ver con las habilidades comunicativas, y sus carencias pueden provocar la
ignorancia y la manipulación. En este sentido las sucesivas legislaciones
educativas introducidas en este país desde la restauración de la democracia no
han sido capaces de ir más allá de los intereses políticos de los gobiernos que
las aprobaban, y así siguen, tal vez porque mantener a los españoles alelados y
entretenidos en nimiedades e ignorancia sea el único modo de sostener lo
insostenible. Las estadísticas se muestran aquí contradictorias, porque si los
estudiantes, y por ende la sociedad española en general, se encuentra por
debajo de la media de la OCDE
en capacidades y formación, los políticos que viven del cuento se sitúan muy
por encima de la media de los países que la componen, que son todos los que
abrazan el capitalismo, incluidos los europeos, Japón o USA.
En España hay unos 78.000 cargos políticos
electos, pero dependientes de estos, tal vez como consecuencia del enchufismo
franquista y caciquil o de una estructura de partidos políticos excesivamente
jerarquizada, y que emplea el amiguismo y los favores como moneda de pago, en
lugar de premiar la valía, se encuentran más de 200.000 cargos repartidos entre
cargos de confianza, puestos en partidos, sindicatos, empresas públicas o
privadas, consejos de administración, cajas de ahorro, universidades y
cualquier otro tipo de instituciones que han proliferado como setas (venenosas,
porque bien saben los aficionados a la micología que las comestibles son menos
numerosas) en la nutrida estructura autonómica del café para todos. Si bien
todos ellos no cobran ni viven exclusivamente de la política, constituyen un
excelente caldo de cultivo para quienes aspiran a hacerlo.
Dentro de
estos infinitos organigramas de cargos más o menos inútiles que conforman el
Estado español, y para garantizarse aún más impunidad en sus actuaciones, hay
cerca de 10.000 aforados, es decir, personas que para ser juzgadas e
investigadas deben de hacerlo el Tribunal Supremo, u otros altos organismos
judiciales, que, dicho sea de paso, están altamente politizados, con lo que la
responsabilidad en las actuaciones de todos ellos es más bien lasa, y así
pueden hacer casi lo que les viene en gana, sin ningún temor. En países como
Alemania actualmente no hay ningún aforado, como tampoco lo hay en el Reino
Unido, lugar donde, en la Edad Media, se creo esta figura. En Portugal e Italia
solo está aforado el jefe del estado, y en Francia apenas hay una veintena de
aforados.
Esta grave
diferencia en la igualdad ante la ley que recoge el artículo 14 de la
Constitución, también es bendecido por la propia Carta Magna, que respalda
entre su articulado la existencia de ese privilegio en políticos, realeza y
fuerzas de seguridad, entre otros; y ratificando de ese modo sus carencias y la
necesidad de su profunda reforma, ya que jamás fue tan maravillosa como nos
vendieron. Una vez sacralizada la figura del aforado en la Constitución, el
desarrollo legislativo y autonómico la multiplicó hasta el casi infinito que
suponen los límites actuales.
Hace casi
un año, en mayo de 2013, UP y D, presentó una proposición no de ley para que se
debatiera en el pleno del Congreso la figura del aforado y su alcance, para
acabar con unos privilegios que han ido demasiado lejos y aportando los datos
reflejados antes y que se correspondían con los reflejados por los autores José
Luis López Colomer e Iñaki Esparza en su “Tratado Jurisprudencial de
aforamientos procesales”.
El pasado
viernes, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que a juzgar por sus
actuaciones, podría muy bien renombrar su cargo a ministro generador de
injusticias, presentó novedades en su anteproyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que por otra parte ha sido criticado desde
prácticamente todos los ámbitos, por destrozar la independencia de la justicia.
Entre las más destacada innovaciones destacan la inclusión de los príncipes y
la reina entre los aforados.
Gallardón defendió esta inclusión por coherencia y ha
afirmado “No recuerdo ningún país que afore, por ejemplo, a un ministro, y no
afore al Príncipe heredero; eso carecería totalmente de sentido”.
Aunque Gallardón lo oculte, lo
más coherente no es aforar a quien en las cúpulas de poder no lo esté, sino
quitarle ese negado privilegio a quien lo tiene, para así lograr una mayor
igualdad que entre aforamientos e indultos anda un poco desequilibrada.
Por mucho que se empeñe la OCDE,
en la educación de nuestro país siempre primará un error, o el conceptual que
nos sitúa por debajo de la media en conocimientos y habilidades, o el
estadístico que nos coloca muy por encima de la media en espabilados de vivir
del cuento, o dicho de otra manera, demasiado listo para tanto gilipollas.
Siempre ha sido así, y de hecho los cargos de listos parecen heredarse entre
las mismas estirpes y sus allegadas y selectas minorías, mientras que para
gilipollas opositamos las aborregadas mayorías restantes, y los más aventajados siempre podrán emigrar para tener trabajo.
Enlaces recomendados para más información:
http://www.diariodecadiz.es/article/sociedad/1599168/director/pisa/dice/espana/hay/muchos/profesores/y/no/todos/deberian/cobrar/lo/mismo.html