Causas comunes

Todas las grandes Revoluciones sociales y políticas de este planeta a lo largo de la historia conocida están motivadas por causas similares. La Revolución Norteamericana, la Francesa, la Mexicana, la Rusa, la China y la Cubana fueron la triunfante cristalización del descontento de las clases sociales inferiores con sus respectivos gobernantes.
Aunque el resultado definitivo de los levantamientos a medio y largo plazo no fuera el deseado, si era efectiva la buscada ruptura inmediata con las injusticias, opresiones, privilegios, conflictos y pobreza que sufría la mayor parte de la sociedad, y por lo tanto las revoluciones, en su momento, siempre eran positivas. En ese sentido, las recientes rebeliones en Túnez y Egipto (y ojalá Libia y otros países oprimidos) son un paso adelante en la libertad del mundo y en desenmascarar la hipocresía de los países occidentales, primero manteniendo muchos territorios en situación colonial, y luego permitiendo dictaduras en ellos por intereses económicos.
La necesidad de llegar a la revolución la marca la insostenibilidad de la situación. En ocasiones los gobernantes son déspotas que, en sus excesos, soliviantan a los gobernados que acaban revelándose. Otras veces el régimen o el sistema se envilecen y degeneran hasta hartar a los administrados.
Una de las causas comunes de las revoluciones, o de la opresión que las causa, es que los gobernantes y los gobernados viven realidades diferentes. Unos gobiernan ajenos a la realidad de los otros, y así es complicado hacerlo. El jeque, el rey, el caudillo o el mandatario de turno, inmersos en sus burbujas de opulencia y poder, ignoran las estrecheces y necesidades del pueblo llano al que administran. En todos los sistemas de gobierno diferentes a la democracia, en la que supuestamente el pueblo es quien elige a los gobernantes, es muy factible esa desviación entre las realidades de administradores y administrados, y por eso se daban, y dan, tantos abusos de poder. Gadafi, en plena rebelión, aun perjura lo mucho que le quiere su pueblo, como suele sucederles a los peores déspotas que alcanzan el poder.
Lo preocupante es que también la democracia, quizás por las carencias del propio sistema, por su degeneración en una Partitocracia en la que gobierna una dicotomía de partidos que son quienes realmente eligen a los candidatos, o por efectos del poder continuado como se analizó en borracheras sonadas, produce ese efecto de realidades diferentes entre gobernantes y gobernados. Aznar provocó la participación de España en la ilegal guerra de Irak en contra de la voluntad del 90 por ciento de los españoles.
A veces las realidades diferentes son en cuestiones menos trascendentes, como cuando Zapatero desconocía el precio de un café, o Rajoy llamaba “los chuches” a “las chuches” que consumen los niños. Ambas son nimiedades, pero delatan la distancia que hay entre quien gobierna, o aspira a ello, y quien sufre los efectos de ese gobierno.
La reciente intervención del Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid afirmando la inexistencia de un sistema de abono de 10 viajes que lleva siendo utilizado desde hace más de diez años por decenas de miles de madrileños es otro ejemplo de ese distanciamiento entre gobernantes y gobernados.


Queda claro que el señor Consejero no ha cogido el transporte público en su vida, y para dejarlo patente, en su pretensión de ridiculizar a su rival político, parece querer imitar un discurso típico de Muchachada Nui en su forma y expresión, y finalmente es él quien hace el más espantoso de los ridículos, incrementado aún más por la carga de soberbia de la intervención.
Que el Consejero de Transportes desconozca de ese modo el sistema del que es el máximo responsable es un motivo más que suficiente para que abandone el cargo. Evidentemente no lo va a hacer porque la mayoría de los 64 diputados populares de la Comunidad de Madrid, incluida su Presidenta, Esperanza Aguirre, aplaudieron y jalearon a su compañero en la metedura de pata. Señal inequívoca de que ninguno de ellos conocía la existencia del “metrobús”, y de que quienes gobiernan viven en una realidad completamente distinta de sus gobernados.
Los políticos, a través de los grandes partidos, y disfrazados de democracia, han formado una cerrada Casta, no demasiado diferente de las clases nobles y aristocráticas que dirigían otros regímenes, y como aquellas, se limitan a favorecer al capital, al poder y a sus propios intereses y privilegios, y con un desconocimiento absoluto de la realidad de sus administrados. Muchos de quienes nos gobiernan demuestran con sus actitudes que son indignos de representarnos y se asemejan cada vez más a las repugnantes camarillas de poder que surgían en los mas decadentes regimenes políticos, pero sin embargo siguen saliendo elegidos porque repiten una y otra vez en las listas, hasta que logran una dedicación más cómoda y mejor remunerada.
Evidentemente no todos nuestros gobernantes son así, pero muchos si, y aunque pretendan ocultarlo, sucesos como el del “metrobús” les delatan e incrementan ese distanciamiento entre gobiernos y administrados que es una causa común en las revoluciones.

Pegatinas salvadoras

El aumento del precio del petróleo debido a la convulsa situación política en algunos de los países productores ha provocado que, una vez más, el iluminado gobierno español vele por los intereses de sus derrochadores administrados. Ya que los inconscientes españoles no son capaces de ahorrar, ni aún cuando estás sumidos en una profunda crisis, ellos han decidido obligarles a hacerlo. La actuación estelar para lograrlo será reducir, a partir del 7 de marzo, de 120 a 110 la velocidad máxima en autovías y autopistas.
En principio, para justificar su decisión, afirmaban que la medida reduciría en un 15 por ciento el consumo de gasolina y un 11 por ciento el de gasóleo. Como siempre, cálculos muy optimistas de nuestros gobernantes, ya que posteriormente, y depende de quien lo defendiera, estimaban el porcentaje de ahorro entre el 3 y el 12 por ciento.
Lo cierto es que la medida es un palo de ciego más de los muchos con que nos sorprende este perdido gobierno ante su inoperancia para paliar la denominada crisis.




El 25 de febrero, cuando se anunció la medida, el precio del barril de petróleo cotizaba a 112 dólares, y el euro a 1,36 dólares; es decir, el barril de petróleo nos costaba a menos de 83 euros. En julio de 2008 el petróleo alcanzó su precio máximo de 147 dólares el barril. Entonces, cada euro se cotizaba a 1,60 dólares, lo que arrojaba un precio real cercano a los 92 euros por barril.
Aquel precio record del crudo era un 11 por ciento superior al de ahora, y sin embargo ahora las gasolinas y gasóleos son más caros. La explicación no está en que, por ejemplo, Repsol, la mayor petrolera española haya incrementado sus beneficios un 55 por ciento en 2010, sino en que, desde entonces, nuestro amado gobierno ha incrementado la presión fiscal sobre los carburantes en cifras cercanas a ese 11 por ciento. Es verdad que en España, a pesar de que más de la mitad de lo que se paga por ellos son impuestos, los combustibles están menos gravados que en la media de la Unión Europea.
Tal vez tendrían que subirlos aún más para incentivar el ahorro, pero que lo hagan abiertamente y dejen de tratarnos como gilipollas con sus estupideces. La medida que han aprobado costará “sólo” 250.000 euros dicen, a lo que, supongo, tendrán que añadir las horas extras de los operarios encargados de colocar las pegatinas salvadoras en las 6.000 señales de tráfico de la red estatal afectadas por la medida. Cada Comunidad Autónoma tendrá que hacer lo propio en sus autopistas y autovías, así que presumiblemente el coste no será tan escaso como predican.
Lo que puede que aún sea menor que sus previsiones es el ahorro que pronostican. Alrededor del 44 por ciento del petróleo consumido en España se destina a combustibles de automoción, lo que significa que el 56 por ciento restante no se vera afectado por la medida, como tampoco lo harán los vehículos pesados y autobuses, ya que tienen límites de velocidad inferiores. Así pues, la medida del incalculable ahorro, con la que dicen pretender ahorrar un 15 por ciento en el consumo de combustibles, aunque ahora ya lo reducen a un 3 por ciento más realista, afecta únicamente a los automóviles turismos que circulen por autopistas y autovías.
En realidad, y para ser más exactos, por mucho que nos quiera vender este titubeante gobierno los únicos que ahorrarán un escaso 3 por ciento de combustible serán los automovilistas usuarios de autopistas y autovías, y únicamente cuando las utilicen, porque en los atascos y en ciudad, el consumo de sus coches seguirá siendo tan elevado como siempre. La miseria que ahorrará la medida no dará ni para cubrir el coste de las pegatinas, aunque lo recuperarán fácilmente con la previsible lluvia de multas que puede provocar esa reducción en la velocidad.
Consciente de la metedura de pata, Zapatero vuelve ahora a proclamar el papel salvador del Estado con respecto a nuestra salud, como hizo con el tabaco, y dice que la medida ahorrará vidas humanas y evitará contaminación. Es muy probable, pero si la medida es tan positiva, que se dejen de parches-pegatina, como con todo lo que hacen, y que la pongan definitivamente; pero, por favor, que no cuiden más de nuestra salud. Aviso para navegantes: un estudio de la Universidad de Ohio afirma que el sexo oral provoca más cáncer de boca y garganta que el tabaco. A lo mejor, ya que la medida de la velocidad es provisional, y dada la austeridad con la que tratan a los ciudadanos, pueden reutilizar las salvadoras pegatinas para prevenirnos del sexo oral tapándonos con ellas la boca, y de paso acallar nuestras voces.