Con demasiada frecuencia nos imponen una supuesta realidad, y ocultan esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

domingo, 13 de febrero de 2011

Grandes demócratas

Los líderes políticos de los países occidentales han sido unánimes al apoyar la rebelión del pueblo egipcio para derrocar a su presidente, Hosni Mubarak. La encomiable actitud de los presidentes electos de las grandes democracias ha sido ejemplar. Tanto los grandes de la Unión Europea como Barak Obama no dudaron en pedir a Mubarak mayor aperturismo democrático en Egipto e incluso le presionaron para que abandonara el país. Con la reciente caída del régimen tunecino, la pretendida lección democrática, ha sido similar.
Pero en ambos casos esa unanimidad absoluta de los líderes occidentales en defensa de la democracia en estos países llega muy tarde. En realidad antes esos mismos líderes, u otros parecidos, apoyaron a ambos déspotas para que accedieran y se mantuvieran en el poder, 23 años en el caso del tunecino Ben Ali y casi 30 en el del egipcio Mubarak. Durante todo este tiempo los supuestamente demócratas también han mantenido una unanimidad casi absoluta, pero apoyando a los ahora derrocados. Una vez más la hipocresía occidental clama al cielo y se mueve por intereses puramente económicos.
Estados Unidos es un abanderado en ello, apoyando históricamente a todo tipo de dictadores allá donde los déspotas podían favorecer su economía. Los demás no le van a la zaga, y hacen sus pinitos dentro de sus posibilidades.
Mientras el presidente del ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero respaldaba las aperturas democráticas de Túnez y Egipto, el presidente del legislativo, el tamibién muy democrático, José Bono, viajaba a Guinea Ecuatorial para comunicar al hombre que lleva 30 años gobernando aquel país desde que diera un golpe de estado en 1979, Teodoro Obiang Nguema, que “nos unen más cosas de las que nos separan” y dar un nuevo espaldarazo al régimen que representa, eso sí, por intereses económicos.




El libro es del año 2008, pero las cosas no han cambiado demasiado, y en la alabanza a tan magnífico mandatario, acompañaron al socialista Bono tres diputados más, del PSOE, del PP y de CIU, que deben ser quienes se sienten más unidos a él. Al menos el resto de partidos se negaron a ir.
¡Qué grandes demócratas dirigen nuestros países! Lo peor es que nos lo creemos, cuando la única unanimidad casi absoluta que mantienen es la sumisión al poder económico y sus propios intereses.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Políticas comunes

El anticiclón que los últimos días ha dejado nuestros cielos descubiertos, también ha destapado la contaminada realidad de las dos grandes metrópolis españolas: Barcelona y Madrid. Ambas incumplen desde hace años las normativas de la Unión Europea sobre concentraciones medias de dióxido de nitrógeno, nocivo para la salud humana, pero parece que sólo sucede en situaciones evidentes, como la actual. En cualquier caso, y como siempre, nuestras autoridades se preocupan por nuestra salud y adoptan medidas al respecto.
A finales de 2007 la Generalitat decidió reducir la velocidad en los accesos a Barcelona a 80 kilómetros por hora para reducir los niveles de contaminación. Algunos informes demostraron que la medida rebajaba en un cuatro por ciento los registros. Excepto ICV, el resto de los partidos catalanes, incluido el PSOE, prometieron modificar la impopular, pero efectiva, medida. El pasado siete de febrero, la nueva Generalitat gobernada por Artur Mas, realizó la sustitución de las placas que limitaban la velocidad a 80 por nuevas de 100 o 120, según el caso. Entraba en vigor una nueva normativa que aplica en la zona una velocidad variable regulada por señales luminosas, que prevalecen en sus indicaciones sobre las fijas, en función de las necesidades, especialmente, contaminantes.
Momentáneamente preocupada ante la elevada contaminación de este anticiclón, la Generalitat decidió mantener el límite de 80 hasta que el tiempo cambie. Esa fue la decisión de las autoridades catalanas para velar por la salud de los barceloneses. Después ya se podrá volver a contaminar a más velocidad, porque la mierda se la llevará el viento o la lluvia.
Las autoridades madrileñas no fueron más imaginativas. Manifestaron su preocupación por la alta contaminación registrada, eso sí, a través de las tan de moda señales luminosas, recomendando a los conductores que utilizaran el transporte público para reducir la emisión de humos. El Ayuntamiento de Madrid, donde la Concejal de Medio Ambiente es Ana Botella, esposa del ínclito expresidente José María Aznar, y tal vez aconsejada por él, ya que ahora es el experto que preside un organismo internacional para la lucha contra el cambio climático ha decidido cambiar la ubicación de una docena de estaciones medidoras de la contaminación. Con toda seguridad los datos que recojan serán mucho mejores para la salud de los madrileños, porque las han quitado de zonas de alta contaminación y las han colocado junto a parques y zonas verdes y con poco tránsito. La controvertida elección de los nuevos lugares de colocación de las estaciones propuesta por el Ayuntamiento del PP fue, en su momento, respaldado por el socialista Ministerio de Medio Ambiente cuando su titular era Elena Espinosa.
Parece que en temas medioambientales, como en el de sus salarios y privilegios, la mayoría de nuestros gobernantes siguen políticas comunes y siempre destinadas a velar por nuestra salud. Bajo esa consigna, primero obligaron a los fumadores a expulsar sus malos humos en la calle para velar por la salud de los no fumadores, aunque les importa un pepino si lo que le afecta es el humo de los tubos de escape. Ahora los fumadores se matan, en la calle, con sus humos más los del tráfico. Más tarde quizás decidan, dada la proximidad entre un hecho y otro, que son los fumadores, con su tabaco, los que acrecientan los índices de contaminación.

viernes, 4 de febrero de 2011

Transparencia opaca

El reciente aluvión de críticas a los privilegios de los políticos ha provocado la tardía reacción de este colectivo. El detonante del malestar social fue la peculiar legislación que les permite acceder a las pensiones máximas en condiciones muy ventajosas. Entonces, el grueso de la clase política, que había aprobado unánimemente sus privilegios jubilares entre otros muchos, quitó importancia al asunto alegando que muy pocos se habían beneficiando de la medida y, acusando de demagogos a quienes denunciaban esa situación. Las Mesas del Congreso y el Senado zanjaron el asunto el pasado 21 de diciembre rechazando la propuesta de la diputada Rosa Díez de revisar las condiciones de los parlamentarios para acceder a la jubilación, y de igualarlas a la del resto de los ciudadanos.
Pero exactamente un mes después, el 21 de enero, el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció ante los enardecidos miembros de su partido, que ya se frotan las manos ante el reparto del pastel que supondrá su próxima llegada al poder, que propondría una revisión de las pensiones de los parlamentarios, precisamente lo que su grupo había rechazado 31 días antes.
La demagogia se había diluido, o bien se había abierto la veda para que todo el mundo político se abrazara a ella, porque a partir de ese momento los miembros de esta casta cambiaran su actitud. En la cumbre de este cambio se situó José Bono, presidente del Congreso.
Hace apenas un año, Bono, en respuesta a la críticas sobre los privilegios de las pensiones de los parlamentarios, envió personalmente a los diputados una carta en la que defendía la inexistencia de esos privilegios. Entre otras cosas decía que el presupuesto del Congreso era sólo cuatro millones de euros mayor que el fichaje de Ronaldo. Ahora el presidente del Congreso no sólo se suma a la propuesta de Rajoy de revisar las pensiones de los parlamentarios, cuando su grupo socialista también lo rechazó el 21 de diciembre, sino que aumenta la apuesta y, además de las pensiones, pide revisar el sistema de incompatibilidades de sus señorías, así como que hagan público sus ingresos y patrimonio.
Se suma así a la transparencia que, al parecer, piden últimamente los políticos y la lleva a su máxima expresión, incluso aludiendo en su discurso a la necesidad de que los políticos tengan “bolsillos de cristal”, como decía Enrique Tierno Galván.
En este transparente ataque, Bono, junto al presidente del Senado, el también socialista Javier Rojo, remitió una nueva carta, el pasado 25 de enero, a los diferentes grupos de ambas cámaras, para que en quince días realizaran propuestas al respecto.
En principio parece que el PSOE, el PNV, Esquerra Republicana (ERC), IU, ICV, Coalición Canaria (CC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) están a favor de de hacer públicos los ingresos y el patrimonio de los parlamentarios, y algunos han pedido su dedicación exclusiva al escaño. El PP aún no se ha sumado al carro de la transparencia. Aún hay tiempo.
En breve sabremos, si no se pierde entre las tinieblas de los medios de difusión, el resultado de tan loable iniciativa hacia la transparencia política. Confiemos en que no suceda como otras veces en que todo se torna tan opaco que las propuestas son rechazadas por las propias cámaras.
También es una transparente opacidad convertir los patrimonios en miserias como la que declaró Francisco Camps, o las estrategias denunciadas por los periodistas gráficos para dificultar su trabajo con remodelaciones físicas en el congreso que les impedirán “robar” fotos de sus señorías en situaciones comprometidas. De hecho cada vez está más limitado el acceso a las cámaras y es el propio Congreso el que facilita las imágenes y la información, del mismo modo que muchos políticos responden a las cuestiones por peteneras, e incluso no aceptan preguntas en sus ruedas de prensa.
Con todo puede que lo que tengamos sean políticos con los bolsillos de un cristal opaco y la cara de cemento.