Realidades impuestas

Las complejas organizaciones sociales humanas siempre han necesitado de canales y sistemas para informar a sus miembros de las directrices y bases de funcionamiento que habrían de regirlas en cada momento, y estas necesidades aumentan con el tamaño de los grupos. Desde la invención de la imprenta, que permitió la cómoda multiplicación de los mensajes y la posterior aparición de los periódicos, con su esencia de llegar al máximo de audiencia posibles, éstos fueron utilizados, además de por los opositores a las estructuras dominantes, por los propios poderes que las sustentaban.

Así, con esta doble función, de denuncia y de altavoz, los periódicos fueron creciendo y proliferando al amparo de avances técnicos hasta que con la revolución industrial y las nuevas sociedades masificadas conformaron los conocidos como Mass Media, o medios de comunicación de masas con cada vez mayor difusión.  Las nuevas tecnologías permitieron la aparición de variados y novedosos soportes audiovisuales para la transmisión de información que fueron también adoptados por los mass media, a la par que la globalización y las tendencias monopolísticas les aglutinaban y concentraban, incrementando su poder y eficacia, pero disminuyendo su variedad ideológica afianzando de ese modo su vocación difusora frente a la reivindicativa. En realidad en ambas vertientes domina la  difusión, y ésta es su característica  principal, y no la de comunicación, como pretende subrayar su nombre. Para que haya comunicación debe existir una interacción más amplia entre emisor y receptor que la que se produce entre los medios y su audiencia.

Así los medios de difusión se han convertido en la herramienta esencial para la  pervivencia del sistema y la propagación de sus intereses en cada momento. Evidentemente también en ocasiones asumen su función de control y crítica, pero ni mucho menos es la esencial. Su amparo al sistema se realiza de diferentes modos. El primer tamiz se da en la selección de lo que se va a difundir o no. En este sentido apenas el diez por ciento de la información que llega a un mass media ve la luz, y siempre bajo los criterios y extensiones deseadas por su línea editorial, quedando fuera o minimizado el resto, produciéndose ya una inicial imposición de la realidad, porque parece que lo que no difunden los medios no existen, y sin duda es más difícil de llegar a conocer, y por lo tanto a triunfar.

La importancia de las decisiones políticas en todos los aspectos de nuestras vidas han aupado a las actuaciones y declaraciones de nuestros representantes políticos al status de noticia, y así con cada una de intervenciones básicamente pretenden justificar sus decisiones, actitud y comportamiento. En España, el férreo sistema pactado como disfraz democrático por las tradicionales oligarquías gobernantes está basado en un bipartidismo alternante y otras obsoletas estructuras e instituciones, como las diputaciones, la monarquía, o el engendro autonómico fruto del café para todos.

Para el sostenimiento de tamaña farsa es necesaria la compacta defensa del sistema de todos cuantos viven cómodamente de él. Así, es casi un sacrilegio cuestionar los contenidos de nuestra constitución o el funcionamiento de la monarquía y sus instituciones, cuya democracia, dicen, viene legitimada por el voto libre que ejercemos cada determinado periodo de tiempo. Lo cierto es que el resultado del experimento no puede ser más deleznable, y la corrupción y la falta de transparencia es brutal en casi todas las instituciones y símbolos del sistema, especialmente preocupante en los grandes partidos políticos. La estrategia de éstos para defender su supuesta realidad y tratar de inculcársela al resto de la sociedad  se desarrolla a través de la calcada repetición de todos sus miembros de las  consignas y motivos que marca e impulsa el partido desde los intereses de la cúpula, pretendiendo así dar sensación de unidad, pero en realidad dejando patente el carácter impositivo de sus decisiones. La extendida práctica que hace que todos los políticos de un partido repitan hasta idénticas palabras para referirse a un mismo asunto y pretender de ese modo crear su realidad se denomina, ladinamente, “argumentario”, pues intenta construir argumentos para validarla.

El inexistente palabro es de uso tan generalizado que la vigésima tercera edición del diccionario de la RAE ya prevé su inclusión entre sus entradas, definiéndose como el “conjunto de los argumentos destinados principalmente a defender una opinión política determinada”. De ese modo pretenden crear una realidad a través de opiniones que aspiran a convertir en dogmas repitiendo hasta la saciedad los argumentos, mayormente insulsos y pueriles, que cada mañana inculcan a sus miembros para que procuren su proliferación.

Si bien es cierto que muchos de quienes repiten las consignas son mediocres oradores sin capacidad cerebral para pensar por si mismos, lo se nota en cuanto abren su boca y delata la vocación de los partidos por promocionar, no a los más válidos, sino a los más sumisos, la mera repetición de los mensajes, más que la calidad de su origen, puede calar en una población demasiado acostumbrada a cobijarse en espectáculos deportivos o cotilleos televisivos.

Las últimas consignas del partido en el poder ya tienen en su punto de mira las elecciones del próximo año y van dirigidas a tratar de hacer creer que sus recortes y actuaciones han provocado que España salga de la crisis, y anuncian una bajada de impuestos, para así reivindicar que cumplen sus promesas. La cantinela es reiterada por los representantes populares cada vez que tienen un micrófono delante, pero tan sólo es una verdad a medias.

La única crisis que ha solucionado el gobierno popular, es la generada por los despilfarros bancarios, pero la ha trasladado a la sociedad, recortando el estado de bienestar, los derechos de los trabajadores e incrementando los impuestos y privatizando algunos servicios. En realidad la receta ni siquiera  es del PP, sino la impuesta por los organismos internacionales para salvar al sector financiero, al capital que da nombre al sistema, de sus derroches y excesos.

En cuanto a los cumplimientos de las promesas electorales, el PP ha incumplido todas desde que llegó al poder, y el descenso de la presión fiscal anunciada apenas compensará de la anterior subida impositiva a las rentas más altas, y lo único que pretende lograr es que la mayor liquidez en los bolsillos de los ciudadanos para que consuman más y de ese modo recaudar más impuestos y cumplir sus objetivos presupuestarios. Pero una vez más lo hacen a costa de los más débiles, y olvidándose del problema real favoreciendo a los de siempre.

Los gobiernos cuentan con otro modo menos sutil de informar a los ciudadanos de sus acciones, se trata de la publicidad institucional con la que tratan de reforzar sus políticas, y de paso financiar soterradamente a sus medios más afines.

En este sentido el gobierno de Rajoy aprobó el pasado mes de enero el Plan de publicidad y comunicación del estado que destinará durante este año 147 millones de euros para financiar 72 campañas institucionales, cifra que, en plena crisis y recortes, supone un incremento de más del veinte por ciento con respecto al año anterior, en el que se había incrementado otro veinte por ciento. Cierto que, como se defendía el gobierno, aún queda lejos de los más de 190 millones de euros que se gastaron en 2006, cuando se contabilizó por primera vez el gasto en publicidad del gobierno, pero entonces se pretendían vender, entre otras cosas, las bondades de una Ley de Dependencia ampliamente mancillada desde su aprobación.

Entonces eran inmerecidas medallas a meritos soñados, ahora son burdas justificaciones a inoperancia y mediocridad.

Que quienes privatizan hospitales, no invierten en carreteras, aprueban amnistias fiscales, participan en fondos opacos o reciben sobresueldos en sobres pretendan hacer sentir culpables a los consumidores para que no intenden eludir el pago del IVA en sus facturas es más que patético, es imponer una falsa realidad. Lo que defraudas tú, lo pagamos todos, si el que defrauda es usted, es que es un hacha de las finanzas. “Jodio servilismo”, que diría Forges.