Con demasiada frecuencia nos imponen una supuesta realidad, y ocultan esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

viernes, 20 de junio de 2014

Del engaño al privilegio (Tragedia de actualidad en tres actos)



Acto primero

Uno de los mejores modos de evitar la participación de los interesados en determinados asuntos que les afectan es complicar tanto la comprensión de su funcionamiento o regulación que la mera posibilidad de tratar de aproximarse a ello para entenderlo, y así poder mejorarlo o modificarlo, llegue a asustar por el entramado de complejidades que encierra. Los menos jóvenes podrán recordar, por ejemplo, la simplicidad de los antiguos motores de los coches. Al abrir el capó del motor no había dudas de donde iba el líquido refrigerante, el aceite, las bujías, o cualquier otro elemento susceptible de necesitar una actuación o reparación urgente para salir del paso. Ahora, la complejidad provocada de los automóviles te obliga a que, mayormente, tenga que ser un taller el que solucione cualquier tipo de inconveniente. Es evidente que la comodidad nos empuja a ello, pero nos hace completamente dependientes y necesitados de dinero para poder satisfacer casi todas nuestras necesidades. Además, el mejor modo de empujar a la comodidad y a la renuncia del dominio de cualquier tipo de actividad es complicarla tanto que resulte incómoda y tediosa.
Si bien todo poder establecido pretende mantener su dominio sobre el campo en el que extiende su mandato, la globalización del sistema consumista capitalista ha mercantilizado cualquier producto o servicio para que tenga un precio hace que ese control se intente extender a todos los ámbitos de nuestra vida. La comodidad siempre ha sido el principal motivo para adoptar y aceptar voluntariamente las nuevas tendencias, si bien el prestigio que la ciencia o el conocimiento las puedan conferir son otro extraordinario acicate para su propagación. El miedo es otro de los grandes elementos para imponer normas o criterios con facilidad.
La implantación del globalizado sistema, actualmente, se basa en dos pilares fundamentales que pretenden legitimarlo y organizar su estructuras y funcionamiento en base a las mismas, y ambas se intenta limitar el acceso a su comprensión del gran público mediante el enrevesamiento y la complejidad, para así poder dominarlos mejor. Evidentemente podía no ser así, y ser ambas herramientas esenciales en la construcción de una sociedad más justa y ecuánime, pero jamás es de ese modo cuando prima sobre lo demás el dinero y la obtención de los máximos beneficios.
El primer pilar, compuesto por las leyes, normas, reglamentos y jurisprudencia bajo la forma del encumbrado Derecho,  disfraza de legalidad y democracia a los gobiernos y países, y marca reglamentariamente la vida de sus ciudadanos reflejando la ideología, progresista o retrógrada, de sus impulsores, y por lo tanto pueden diferir bastante en sus matices.
El segundo pilar se ha globalizado con el sistema y evoluciona, y se copia, casi idénticamente en cada uno de los países que se adhieren al mismo. Se trata de las directrices y tendencias que regulan los modos de producción ascendidos al pedestal de Ciencias Económicas. Actualmente las teorías neoliberales dominantes se basan en la supremacía de los mercados, intocables por las legislaciones, y que en su autorregulación, provocan las crisis con la finalidad de enriquecer a quienes más tienen a costa de la progresiva pobreza de los demás.


Acto Segundo

Ambos pilares, Derecho y Economía, uno desde sus particularidades y el otro desde su universalidad, comparten estrategia para  desapegarse del interés de los ciudadanos y es vistiéndose de complejidad, tedio e incompresibilidad para los profanos, lo que en primera instancia se logra a través de un lenguaje técnico y engorroso que denota más trascendencia que transparencia para esconder la realidad y alejar a los ciudadanos de su confección, para que se limiten a acatarla. La creciente importancia de la Economía, además, hace que el Derecho legisle bajo premisas y criterios macroeconómicos que sacrifican humanidad y naturaleza en aras del máximo beneficio para el capital. Como nítido ejemplo sirva el propio reino de España cuyas políticas sociales variaron notablemente a partir de mayo de 2010, iniciando recortes presupuestarios bajo las directrices económicas de los organismos europeos e internacionales. La culminación a tales instrucciones se produjo durante el periodo vacacional veraniego de 2011, cuando los grupos socialista y popular presentaron conjuntamente la propuesta de modificación del artículo 135 de la constitución. Se trataba de primar el pago de la deuda del estado con los bancos sobre cualquier otro posible destino de los impuestos de los ciudadanos. La artera aprobación se realizó en el pleno extraordinario del 2 de septiembre de 2011, que había rechazado todas las enmiendas presentadas a la propuesta, y con 316 votos a favor, 5 en contra, la abstención de nacionalistas vascos y catalanes y el abandono del hemiciclo por parte de las agrupaciones de izquierdas, que no quisieron ser testigos, ni legitimar con su presencia, la atroz y servil  modificación que, en detrimento del pueblo, entrega la soberanía al capital. Gaspar Llamazares tuvo que permanecer en el hemiciclo ante la cierta posibilidad de que socialistas y populares introdujeran alguna modificación para ganarse el voto de PNV y CIU.
Tras aquella clara proclamación de prioridades, y el posterior y aplastante triunfo electoral del PP, la política española ha bailado al son de los intereses económicos y empresariales, recortando derechos laborales y sociales e incrementando impuestos que han multiplicado la pobreza y ampliado las diferencias entre ricos y pobres.
La facilidad con la que los políticos españoles se plegaron a los intereses del capital no es novedosa, sino que es algo recurrente en este país y en algunos aspectos supera con creces al existente en todo el planeta o privilegia en exceso a determinados sectores dominantes. Decenas de noticias desvelan que Internet, la telefonía o los beneficios de las empresas energéticas son mayores en este país que en su entorno europeo, mientras otras tantas denuncian que se encuentra a la cola de prestaciones sociales y transparencia con respecto a sus socios occidentales.


Acto tercero

Quizás el más nítido ejemplo de los desmanes legislativos de este reino con respecto a los intereses económicos de determinados grupos, mientras es pernicioso para la mayoría, sea el relacionado con la vivienda.
España era el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de vivienda en propiedad. Esto era incuestionable, pero la ampliación en el número de miembros en la institución  nos ha relegado a la  séptima plaza, si bien sigue siendo el líder del grupo de países más desarrollados, y los que superan su porcentaje de vivienda en propiedad se debe más a la miseria social en esos lugares en los que gran parte de la población no tiene ingresos para pagar un alquiler, y menos una hipoteca, con lo cual viven de cualquier modo, como sucedía en España con el barraquismo que proliferaba durante el franquismo y cuyos pobladores no eran ni propietarios, ni inquilinos. Así pues, queda claro que, efectivamente, España es el país europeo, de los supuestamente desarrollados, con mayor porcentaje de vivienda en propiedad. 


Esto no es por casualidad, sino potenciado por, entre otras cosas, las políticas fiscales que desgravan la adquisición de vivienda, y en épocas de crisis, con elevado paro y recortes salariales e incremento de impuestos, provoca que muchos propietarios pierdan sus inmuebles. Los estudios, datos e informes señalaban que los desahucios en España durante los últimos años se aproximan a los 150 diarios. Es cierto que una parte importante de los mismos, algo más del 50 por ciento, está relacionado con el impago del alquiler, lo cual no deja de ser dramático, que otra porción considerable, cerca del 20 por ciento, se corresponden con hipotecas y desahucios de segundas viviendas y otro tipo de inmuebles, pero casi el 30 por ciento restante se corresponde con primeras viviendas.
El impulso especulativo del ladrillo, aupado por la promiscuidad bancaria a la hora de conceder préstamos hipotecarios, provocó una tormenta perfecta en el sector inmobiliario. Muchos bancos se pillaron los dedos con sus excesos, pero hubo quien hizo un negocio redondo con lo sucedido, incluidos los propios dirigentes bancarios que blindaron sus millonarios salarios y dejaron los pufos al cargo del rescate que pagamos. Evidentemente los propietarios que vendieron sus terrenos en plena vorágine especulativa fueron los primeros que ganaron, algunos constructores y promotores también ganaron, pero los que más ganaron, y sin necesidad de arriesgar ni vender nada, fue un cuerpo funcionarial privilegiado desde su creación.
Mientras tanto, una parte importante de los ciudadanos sufre los excesos de los privilegios bancarios, registrales y notariales.Unos malviven en el engaño mientras otros se instalan en el privilegio.
La ley hipotecaria española es tan injusta que hasta el Tribunal de Justicia europeo en marzo de 2013 denunció que la ley hipotecaria española abusiva e ilegal y no cumple la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas en contratos privados con consumidores. La sentencia no obliga a modificar la ley, aunque crea jurisprudencia en base a la cual los jueces podrán paralizar los desahucios en caso de que el contrato particular de la hipoteca contenga prácticas abusivas, como la cláusula suelo que marca un tipo de interés mínimo independiente del oficial fijado. Otro aspecto lapidario de la legislación hipotecaria española es que no contempla la dación en pago, es decir la entrega de la vivienda como pago a la deuda adquirida, y aunque el gobierno popular se apresuró a legislar para satisfacer a las instituciones europeas y apenas tardó dos meses en hacerlo aunque lo hizo en solitario amparado en su mayoría absoluta y rechazando la dación en pago universalizada que aclamaba la sociedad y habitual en muchos países. Las únicas medidas fueron limitar las condiciones para conceder créditos hipotecarios y establecer un periodo de dos años durante los cuales no se ejecutaran desahucios a quienes cumplan determinadas condiciones.
Así pues todo sigue parecido y el grueso legislativo hipotecario se basa en una ley franquista aprobada por decreto en 1946, y cuyo reglamento se decretó un año después, que favorecía claramente a los bancos y que apenas ha sido modificada en sus aspectos esenciales, de ahí que persistan los intereses bancarios sobre los de los usuarios, si bien deja abierta a la negociación privada sus contenidos, con lo que podría incluirse una cláusula particular en cada hipoteca que admitiera la dación en pago, pero en ese engorroso mundo apenas ningún usuario lo sabe y se han generalizado modelos de contratos hipotecarios impuestos por los bancos y sus abogados y economistas.
Llegado este punto cabe cuestionar la función de los funcionarios que intervienen en el proceso hipotecario.  
El origen del privilegiado millar de funcionarios que hace interminables negocios gracias a las propiedades inmobiliarias es anterior a los decretos franquistas y surgió al amparo del reinado de Isabel II y en plena implantación del liberalismo en España y después de sucesivas desamortizaciones se aprobó la primera ley hipotecaria el 8 de febrero de 1861. Se trata de los registradores de la propiedad, a cuya poderosa élite pertenece Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Para completar el elenco de partícipes en el festín hipotecario el 28 de mayo de 1862 se aprobó la ley del notariado en España. Ambos privilegiados funcionarios son los únicos que no tienen una nómina que limite sus ingresos, sino que cobran directamente de los usuarios,  y por cuyas manos pasan las hipotecas y sus cláusulas abusivas. A pesar de ello no denuncian sus posibles contenidos ilícitos y se limitan a leer aceleradamente los textos y a cobrar sus abundantes honorarios. Por si fuera poco ambos colectivos, especialmente el de los registradores, aspiran a hacerse con gran parte de las gestiones que actualmente realizan los registros civiles, hasta ahora gratuitamente.
La vivienda sólo afecta a sus propietarios, pero en el registro civil figuramos absolutamente todos, con lo que el negocio, el engaño y el privilegio pueden ser universales. Por cierto, un informe de la Organización de consumidores y Usuarios (OCU) de 2013 señalaba que un elevado número de ambos profesionales inflaban sus minutas considerablemente. 
De los cuatro hermanos que componen la familia Rajoy, tres son registradores y uno notario, aunque éste último falleció el pasado mes de marzo.La nuera de Gallardón, encargado de desmantelar la justicia y de privatizar cuando pueda de la misma, incluido el registro civil, también es regitradora de la propiedad. Todo queda en casa.

2 comentarios:

  1. A la cueva del francés, agua escopeta y caza.

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  2. ACTO del CUARTO OSCURO o ACTO SEXUAL:
    hay que volver a copular en las cuevas como los neanderthalensis;
    o sodomizar con un androide dotado de acero oxidable a la 'derecha hiPPotecaria';
    o cazar neoliberales para alimentarse de su carne a la lumbre de un fuego hecho con la madera de la que están hechas las cruces....

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