Políticas comunes

El anticiclón que los últimos días ha dejado nuestros cielos descubiertos, también ha destapado la contaminada realidad de las dos grandes metrópolis españolas: Barcelona y Madrid. Ambas incumplen desde hace años las normativas de la Unión Europea sobre concentraciones medias de dióxido de nitrógeno, nocivo para la salud humana, pero parece que sólo sucede en situaciones evidentes, como la actual. En cualquier caso, y como siempre, nuestras autoridades se preocupan por nuestra salud y adoptan medidas al respecto.
A finales de 2007 la Generalitat decidió reducir la velocidad en los accesos a Barcelona a 80 kilómetros por hora para reducir los niveles de contaminación. Algunos informes demostraron que la medida rebajaba en un cuatro por ciento los registros. Excepto ICV, el resto de los partidos catalanes, incluido el PSOE, prometieron modificar la impopular, pero efectiva, medida. El pasado siete de febrero, la nueva Generalitat gobernada por Artur Mas, realizó la sustitución de las placas que limitaban la velocidad a 80 por nuevas de 100 o 120, según el caso. Entraba en vigor una nueva normativa que aplica en la zona una velocidad variable regulada por señales luminosas, que prevalecen en sus indicaciones sobre las fijas, en función de las necesidades, especialmente, contaminantes.
Momentáneamente preocupada ante la elevada contaminación de este anticiclón, la Generalitat decidió mantener el límite de 80 hasta que el tiempo cambie. Esa fue la decisión de las autoridades catalanas para velar por la salud de los barceloneses. Después ya se podrá volver a contaminar a más velocidad, porque la mierda se la llevará el viento o la lluvia.
Las autoridades madrileñas no fueron más imaginativas. Manifestaron su preocupación por la alta contaminación registrada, eso sí, a través de las tan de moda señales luminosas, recomendando a los conductores que utilizaran el transporte público para reducir la emisión de humos. El Ayuntamiento de Madrid, donde la Concejal de Medio Ambiente es Ana Botella, esposa del ínclito expresidente José María Aznar, y tal vez aconsejada por él, ya que ahora es el experto que preside un organismo internacional para la lucha contra el cambio climático ha decidido cambiar la ubicación de una docena de estaciones medidoras de la contaminación. Con toda seguridad los datos que recojan serán mucho mejores para la salud de los madrileños, porque las han quitado de zonas de alta contaminación y las han colocado junto a parques y zonas verdes y con poco tránsito. La controvertida elección de los nuevos lugares de colocación de las estaciones propuesta por el Ayuntamiento del PP fue, en su momento, respaldado por el socialista Ministerio de Medio Ambiente cuando su titular era Elena Espinosa.
Parece que en temas medioambientales, como en el de sus salarios y privilegios, la mayoría de nuestros gobernantes siguen políticas comunes y siempre destinadas a velar por nuestra salud. Bajo esa consigna, primero obligaron a los fumadores a expulsar sus malos humos en la calle para velar por la salud de los no fumadores, aunque les importa un pepino si lo que le afecta es el humo de los tubos de escape. Ahora los fumadores se matan, en la calle, con sus humos más los del tráfico. Más tarde quizás decidan, dada la proximidad entre un hecho y otro, que son los fumadores, con su tabaco, los que acrecientan los índices de contaminación.

Transparencia opaca

El reciente aluvión de críticas a los privilegios de los políticos ha provocado la tardía reacción de este colectivo. El detonante del malestar social fue la peculiar legislación que les permite acceder a las pensiones máximas en condiciones muy ventajosas. Entonces, el grueso de la clase política, que había aprobado unánimemente sus privilegios jubilares entre otros muchos, quitó importancia al asunto alegando que muy pocos se habían beneficiando de la medida y, acusando de demagogos a quienes denunciaban esa situación. Las Mesas del Congreso y el Senado zanjaron el asunto el pasado 21 de diciembre rechazando la propuesta de la diputada Rosa Díez de revisar las condiciones de los parlamentarios para acceder a la jubilación, y de igualarlas a la del resto de los ciudadanos.
Pero exactamente un mes después, el 21 de enero, el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció ante los enardecidos miembros de su partido, que ya se frotan las manos ante el reparto del pastel que supondrá su próxima llegada al poder, que propondría una revisión de las pensiones de los parlamentarios, precisamente lo que su grupo había rechazado 31 días antes.
La demagogia se había diluido, o bien se había abierto la veda para que todo el mundo político se abrazara a ella, porque a partir de ese momento los miembros de esta casta cambiaran su actitud. En la cumbre de este cambio se situó José Bono, presidente del Congreso.
Hace apenas un año, Bono, en respuesta a la críticas sobre los privilegios de las pensiones de los parlamentarios, envió personalmente a los diputados una carta en la que defendía la inexistencia de esos privilegios. Entre otras cosas decía que el presupuesto del Congreso era sólo cuatro millones de euros mayor que el fichaje de Ronaldo. Ahora el presidente del Congreso no sólo se suma a la propuesta de Rajoy de revisar las pensiones de los parlamentarios, cuando su grupo socialista también lo rechazó el 21 de diciembre, sino que aumenta la apuesta y, además de las pensiones, pide revisar el sistema de incompatibilidades de sus señorías, así como que hagan público sus ingresos y patrimonio.
Se suma así a la transparencia que, al parecer, piden últimamente los políticos y la lleva a su máxima expresión, incluso aludiendo en su discurso a la necesidad de que los políticos tengan “bolsillos de cristal”, como decía Enrique Tierno Galván.
En este transparente ataque, Bono, junto al presidente del Senado, el también socialista Javier Rojo, remitió una nueva carta, el pasado 25 de enero, a los diferentes grupos de ambas cámaras, para que en quince días realizaran propuestas al respecto.
En principio parece que el PSOE, el PNV, Esquerra Republicana (ERC), IU, ICV, Coalición Canaria (CC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) están a favor de de hacer públicos los ingresos y el patrimonio de los parlamentarios, y algunos han pedido su dedicación exclusiva al escaño. El PP aún no se ha sumado al carro de la transparencia. Aún hay tiempo.
En breve sabremos, si no se pierde entre las tinieblas de los medios de difusión, el resultado de tan loable iniciativa hacia la transparencia política. Confiemos en que no suceda como otras veces en que todo se torna tan opaco que las propuestas son rechazadas por las propias cámaras.
También es una transparente opacidad convertir los patrimonios en miserias como la que declaró Francisco Camps, o las estrategias denunciadas por los periodistas gráficos para dificultar su trabajo con remodelaciones físicas en el congreso que les impedirán “robar” fotos de sus señorías en situaciones comprometidas. De hecho cada vez está más limitado el acceso a las cámaras y es el propio Congreso el que facilita las imágenes y la información, del mismo modo que muchos políticos responden a las cuestiones por peteneras, e incluso no aceptan preguntas en sus ruedas de prensa.
Con todo puede que lo que tengamos sean políticos con los bolsillos de un cristal opaco y la cara de cemento.

Al servicio de España

Es complicado digerir que quien habla reiteradamente sobre la desastrosa situación de este país y de su insostenibilidad y de la insostenibilidad del estado de bienestar sea justamente el político que más ha mejorado su bienestar personal precisamente beneficiándose del cargo que ocupó, y siendo uno de los principales culpables del actual estado de las cosas, ya que de los gloriosos polvos que sembró se recogen ahora estos farragosos lodos, como se explica en El Adalid de las peinetas.
Insatisfecho con los 80.000 euros anuales de su pensión de expresidentes, además de dos funcionarios a su servicio, dotación para mantenimiento de una oficina, coche y chofer, y seguridad y viajes gratis, se ha servido del cargo, y de los favores prestados, entre ellos apoyar una guerra ilegal y contra la voluntad del país que presidía, para escalar a cimas que ni soñó (asesor de Endesa: 200.000 euros al año, consejero de la corporación de comunicación de Rupert Murdoch: 170.000 euros anuales; tres libros en Editorial Planeta: 600.000 euros).
Lo más sangrante de la situación es que, lejos de retirarse a disfrutar de sus lucrativos y oscuros ingresos como suelen hacer los políticos de su calaña, persiste en seguir amargándonos la existencia, no se sabe si en base a su condición de exinspector de Hacienda, expresidente del gobierno o presidente de la fundación llamada Faes, autodefinida como “un gran laboratorio de ideas y programas cuya vocación es nutrir el pensamiento y la acción política del centro liberal y reformista”. Como ex no sería demasiado prudente criticar, así que se supone que lo hace como líder de ese “gran laboratorio” de donde, como mucho pueden salir monstruos de todo tipo, porque las ideas, ni son científicas, ni se experimentan.
Cuando menos se le necesita, Aznar abre su boca y suelta perlas del mismo calibre a las que nos tenía acostumbrados:


Este breve resumen data de julio de 2007, ahora la lista de atrocidades es muy superior. Como muestra un botón:


Sería sencillo aplicar oídos sordos a palabras necias, pero el principal problema es que este iluminado caudillo se ha endiosado y es jaleado por miles de acérrimos seguidores, al parecer por todo el planeta, e incluso fue nombrado el pasado mes de octubre presidente del Instituto Global de Adaptación (Global Adaptation Institute), un engendro creado por el capitalismo para, según ellos mismos dicen, luchar contra el cambio climático.
Quizás todo se pueda justificar porque, como el propio Aznar afirma en la presentación que realiza en la página web de Faes, la asociación que preside está “al servicio de España”, claro que, al parecer de demasiados, también lo estuvo Franco durante cuarenta años.
Flaco servicio presta él mientras se enriquece a su cuenta y genera crispaciones tan oportunistas como innecesarias, al menos en mi organismo, porque cada vez que escucho abrir la boca a semejante espécimen se me revuelven las tripas y los retortijones son aún más fuertes que cuando hablan el resto de los políticos de este país.

Facturas detalladas

El pasado 29 de diciembre el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, nos dulcificó el aumento que sufriría la factura de la luz a partir de este enero sería de poco más que un café por persona, en lugar de decir que subiría una media del 9,8 por ciento, para acumular una subida del 50 por ciento en cinco años, y que entre todos pagaríamos 70 millones de euros más a las eléctricas cada mes. La descomunal subida se justificó con el fin de equiparar las tarifas de la electricidad con sus precios reales, y dicen que debería subir aún un 30 por ciento más.
Los caminos de la economía son inescrutables. Las cuatro grandes eléctricas españolas, a pesar de haberse reducido en un 22 por ciento, aún tuvieron unos beneficios de 7.600 millones de euros en 2009, de los que casi la mitad fueron para Endesa. A pesar de esos datos parece que no pagamos por la electricidad lo que en realidad cuesta, y las compañías nos la regalan, a pesar de lo cual, misteriosamente, tienen jugosos beneficios gracias a los tejemanejes políticos.
Si detallaran las engorrosas facturas con más claridad tal vez se podría entender la contradictoria situación de tener ganancias a pesar de vender por debajo del precio de coste.
Como cliente de Endesa, ahora me han detallado un poco más la factura. Parte de los cafés que dejaremos de tomar los clientes de esa eléctrica se los tomará el expresidente del Gobierno, José María Aznar, por ser su “asesor externo”. Concretamente el equivalente a 200.000 euros al año. El presidente de la Faes añade esa cantidad a los 170.000 euros anuales que le paga el magnate de la comunicación Murdoch y, como no, a los cerca de 80.000 euros, y otras muchas prebendas, algunas de las cuales le pagamos todos los españoles por haberle sufrido como presidente.
Otro que también lo fue, y al que también le pagaremos este año los 80.000 euros y demás prebendas, Felipe González, curiosamente también ha sido nombrado recientemente consejero de otro grupo energético Gas Natural-Fenosa. González solo (aquí si quiero utilizar la doble acepción recientemente admitida en el término: él solito y solamente, en relación a lo que percibirá Aznar) cobrará 125.000 euros al año, a costa de otros tantos cafés que se dejarán de tomar los clientes de Gas Natural-Fenosa. Tal vez cobre menos porque el gas sólo ha subido menos de la mitad que la luz, o porque ese grupo empresarial sólo tiene la tercera parte de beneficios que Endesa, empresa estatal española fundada en 1944 y ahora en manos de la italiana Enel, y cuya privatización inició Felipe González y finalizó José María Aznar.
Quizás sea necesario que nos detallen más las facturas energéticas para poder comprenderlas, pero puede que no sean las únicas que conviene aclarar, porque otros muchos expolíticos cobran de ellas.
Estos son sólo algunos ejemplos: Rodrigo Rato (Caja Madrid), Narcís Serra (Caixa Catalunya), Guillermo de la Dehesa (Santander), Josep Piqué (Vueling), Juan Costa (Ernst & Young), Jordi Sevilla (PwC), Isabel Tocino (Santander), Rafael Arias-Salgado (Carrefour), Rodolfo Martín Villa (Sogecable), Eduardo Zaplana (Telefónica), Javier Solana (Acciona),…
A niveles de Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos las listas se multiplican, y es que los políticos deberían pasarnos facturas más detalladas.

El Gran Monopoly

¿Quién no ha se ha arruinado en alguna ocasión con el conocido juego financiero-inmobiliario? Recorrías el tablero con el azar de los dados y comprabas calles, casas y hoteles mientras ganabas el segundo premio de belleza, te multaban por exceso de velocidad o te enviaban directamente a la cárcel, sin pasar por la casilla de salida. Todos los participantes comenzaban con las mismas condiciones de dinero y había una banca que gestionaba las propiedades, hasta que eran compradas, y algunos pagos y cobros. Al final ganaba el jugador que más dinero y bienes acumulaba y, normalmente, el resto de los competidores acababa en la ruina total, sin propiedades ni dinero.
La popularidad y el éxito del Monopoly, patentado con su nombre en la década de los treinta del pasado siglo en USA pero basado en una idea de tres décadas antes, le colocó como el juego de mesa más conocido en el mundo con 500 millones de jugadores hasta 1999, según el libro Guinness de los récords, además de haberse adaptado a decenas de países y ciudades, donde es muy conocido, como reflejan los datos.
El triunfo político del peculiar liberalismo económico radical en los Estados Unidos de Norteamérica, que propugna la no intervención del estado en los mercados, reducciones de impuestos y ausencia de ayudas y subvenciones, y que paradójicamente defiende a sus propias empresas ante el resto del mundo con aportaciones encubiertas y legislaciones protectoras, ha dado una vuelta de tuerca más. El logro ha sido que los diferentes gobiernos entreguen grandes cantidades de dinero para financiar y retroalimentar a un sistema económico que se había autofagocitado debido a la insaciable voracidad que lo impulsa, sacrificando de ese modo las ayudas sociales y poniendo en peligro el Estado de Bienestar en Europa y paralizando las iniciativas que en ese sentido había iniciado el presidente Barack Obama.
La globalización de la sociedad capitalista parece querer convertir el planeta en un Gran Monopoly en el que, pretende, todos juguemos. En la desbocada carrera consumista triunfa el que más dinero, propiedades y riquezas acumula, aún a costa de arruinar al resto de los jugadores con el beneplácito de la banca y de las normas del juego legisladas por los políticos bajo las directrices del capital.
Así mientras unos compran calles, casas y hoteles, cuya única finalidad parece ser obtener más dinero y acumular posesiones, otros se arruinan pagando las deudas que jamás podrán saldar, para pagar bienes y servicios que apenas pueden disfrutar y que, en muchos casos, solo sirven para aparentar lo que no se es. Los políticos miran el juego y legislan las normas, últimamente para permitir que la banca tenga la liquidez suficiente para que el juego continúe a costa de dejar desamparados a los más débiles; es de suponer que porque la continuidad de la partida les favorece y les permite enriquecerse muy cómodamente.
Lo lamentable de la situación es que la riqueza de la Tierra y sus recursos permitiría que todos sus habitantes pudieran vivir dignamente, pero algunos se empeñan en acumularla, aún sacrificando a otros muchos que apenas pueden subsistir.
En realidad no tiene demasiado sentido emplear el tiempo que vivimos en acumular posesiones materiales que en muchos casos ni tan siquiera podemos disfrutar, que en ningún caso nos llevaremos de aquí y que en demasiados casos esa acumulación supone el padecimiento de los más débiles. Y el sentido se convierte en absurdidad cuando los únicos logros de ese consumismo desorbitado son incrementar las diferencias entre ricos y pobres y agotar los recursos de un planeta convertido en un Gran Monopoly.
A pesar de que desde que nacemos nos dirigen para perpetuar la sociedad de consumo, entrar o no en ese descomunal juego depende de nosotros.