Con demasiada frecuencia nos imponen una supuesta realidad, y ocultan esos pequeños detalles que marcan la diferencia.
viernes, 12 de diciembre de 2014
lunes, 17 de noviembre de 2014
Corrupciones en la honestidad ( o ¡Me cago, ...Monago!)
Se quejan amargamente quienes se dedican a la política en
este país de que la corrupción no es generalizada y afirman que la mayoría de
los políticos son honestos. La misma doctrina es repetida por los propios
interesados y por todas las estructuras del sistema destinadas a difundir y
establecer sus bases, pues deben emplearse a fondo para tratar de despejar el dominante
clima de corruptelas e irregularidades generalizadas que cuestionan
profundamente la validez de la partitocracia bipartidista y oligárquica en la
que ha degenerado la ejemplaridad con la que nos vendieron la restauración
democrática española tras la muerte de franco.
Sin duda cuantitativamente tienen razón, y con toda
seguridad hay más políticos honestos que corruptos, como hay muchísimas más
personas honestas que corruptas. Es cuestión de mera estadística, aunque las
peculiaridades de la política hacen que la extrapolación porcentual no resulte
exacta, como tampoco lo son el alcance y la trascendencia de las corruptelas,
básicamente al tratarse de una actividad
pública, que afecta a múltiples ciudadanos, y voluntaria, pues nadie puede ser
obligado a ejercerla. Ambas premisas envilecen aún más a los políticos
corruptos a la par que minimizan la credibilidad de los políticos que defienden
la honestidad de la mayoría de quienes se dedican a la actividad pública, al
menos en un sistema de partidos como el dominante en España.
Uno de los discursos favoritos de nuestros políticos es su
voluntaria entrega a los ciudadanos y al interés común, e incluso a veces pretenden
ensalzar la profundidad de su sacrificio con la consabida coletilla de que
trabajando en la empresa privada ganarían más dinero. Ahí se producen las
primeras contradicciones de una vocación que debe cumplir ciertas premisas,
puesto que es la actividad de quienes aspiran a regir los asuntos públicos de
los Estados. Como un religioso, un sanitario, un deportista o cualquiera que
realice una actividad voluntaria y trascendente para su ser y otros más o menos
numerosos, entregan su tiempo y empeños en defender y poner práctica aquello en
lo que creen, sea un dios, una ciencia, un deporte o un objetivo personal; por
eso no deja de ser rastrero que un cura, médico, deportista,… pretenda ensalzar
públicamente su labor a través de aquello a lo que renuncia en lugar de
engrandecerla a través de su trabajo; por eso es ser miserable afirmar que se
está en política casi por hacer un favor y que se tiene la vida resuelta, y
luego hacer de la actividad pública una lucrativa profesión y de aferrarse a
los cargos más allá de la imputación, y recuerden señores políticos, que en un
estado democrático están al servicio del bien común, no de las élites
dominantes e intereses particulares, incluidos los propios. Eso no es honesto,
quejosos señores políticos, aunque la mayoría de ustedes lo sean.
Lo que sucede en ese proceso de degeneración de su
honestidad es sencillo.
Partamos de dos premisas básicas que exige la voluntaria
actividad política democrática, debe velar por el interés de la mayoría del
pueblo y sus candidatos elegidos directamente por él. El primer vicio del
sistema es inherente a la esencia humana. Para ser elegido hay que ser
conocido, y para querer ser protagonista de ese circo se debe tener cierto tipo
de personalidad que diversos estudios psicológico y sociológicos señalan como
autoritaria, vanidosa y hambrienta de poder, así que es muy probable que las
candidaturas electorales estén repletas de gentes de este tipo, evidentemente
también gracias a la pasividad y comodidad del resto. El segundo ingrediente
que culmina el triunfo y generalización de las corruptelas en España, cuyo
sencillo arraigo se sustenta en una larga tradición de ellas tanto durante el
franquismo como en el resto de la historia de este ibérico conglomerado
iniciado por los Reyes Católicos, es el funcionamiento vertical de los partidos
políticos que gobiernan donde la democracia se diluye insignificante entre
trepas e intereses en la que se potencia una casta en la que quien se mueve no
sale en la foto. Las garantías de que lleguen al poder las personas más
autoritarias, vanidosas y hambrientas de poder están servidas, y aunque esas
características no sean causa directa de corrupción, tampoco son el caldo de
cultivo ideal para la el florecimiento de la honestidad puesto que vanidad y
poder se halagan y alcanzan fácilmente con dinero corrupto.
Sin duda hay más políticos honestos que corruptos, aunque el
riesgo de corrupción es directamente proporcional al poder que se acumule y la
falta de honestidad se da tanto en el corrupto como en quien le ampara, de ahí que
sea complicado creer que se combate la corrupción amparándose en la honestidad
pero apoyando, hasta un minuto antes de su imputación judicial e incluso de su
ingreso en prisión, a compañeros de dudosa reputación, mientras les jalean
públicamente. Encabezando el coro de aplausos y respaldos a muchos de los
sospechosos de sus huestes se encuentra el innombrable, no vaya a ser que nos
condenemos con solo citar su nombre, presidente del gobierno y del partido
popular.
Cuando uno está tan en connivencia con los imputados más
importantes y les alaba, además de compartir cotas de poder e ideologías, o
comparte y justifica sus actuaciones ilícitas o no se entera de las mismas. En
cualquiera de los dos casos estaría incapacitado para presidir un país, pues en
el primero sería un delincuente y en el segundo un ignorante. Y ahora, en pleno
proceso de regeneración inútil que dura ya cuatro años y en nuevo intento propagandístico
de pretender hacer algo para acabar con las mínimas corrupciones que aceptan en
lo que consideran un mar de honestidad políticas, les surgen un par de
representantes, en lo que parece ser la punta de un gigantesco iceberg, que
viajaban por la cara para asuntos particulares, y mientras uno dimite el otro se aferra al cargo y cambia de versión según el día y todas son jaleadas por sus compañeros de partido, pero ninguno de los dos paga. ¡Es que me cago,... Monago!
Se quejan amargamente quienes se dedican a la política en
este país de que la corrupción no es generalizada y afirman que la mayoría de
los políticos son honestos. La misma doctrina es repetida por los propios
interesados y por todas las estructuras del sistema destinadas a difundir y
establecer sus bases, pues deben emplearse a fondo para tratar de despejar el dominante
clima de corruptelas e irregularidades generalizadas que cuestionan
profundamente la validez de la partitocracia bipartidista y oligárquica en la
que ha degenerado la ejemplaridad con la que nos vendieron la restauración
democrática española tras la muerte de franco.
Sin duda cuantitativamente tienen razón, y con toda
seguridad hay más políticos honestos que corruptos, como hay muchísimas más
personas honestas que corruptas. Es cuestión de mera estadística, aunque las
peculiaridades de la política hacen que la extrapolación porcentual no resulte
exacta, como tampoco lo son el alcance y la trascendencia de las corruptelas,
básicamente al tratarse de una actividad
pública, que afecta a múltiples ciudadanos, y voluntaria, pues nadie puede ser
obligado a ejercerla. Ambas premisas envilecen aún más a los políticos
corruptos a la par que minimizan la credibilidad de los políticos que defienden
la honestidad de la mayoría de quienes se dedican a la actividad pública, al
menos en un sistema de partidos como el dominante en España.
Uno de los discursos favoritos de nuestros políticos es su
voluntaria entrega a los ciudadanos y al interés común, e incluso a veces pretenden
ensalzar la profundidad de su sacrificio con la consabida coletilla de que
trabajando en la empresa privada ganarían más dinero. Ahí se producen las
primeras contradicciones de una vocación que debe cumplir ciertas premisas,
puesto que es la actividad de quienes aspiran a regir los asuntos públicos de
los Estados. Como un religioso, un sanitario, un deportista o cualquiera que
realice una actividad voluntaria y trascendente para su ser y otros más o menos
numerosos, entregan su tiempo y empeños en defender y poner práctica aquello en
lo que creen, sea un dios, una ciencia, un deporte o un objetivo personal; por
eso no deja de ser rastrero que un cura, médico, deportista,… pretenda ensalzar
públicamente su labor a través de aquello a lo que renuncia en lugar de
engrandecerla a través de su trabajo; por eso es ser miserable afirmar que se
está en política casi por hacer un favor y que se tiene la vida resuelta, y
luego hacer de la actividad pública una lucrativa profesión y de aferrarse a
los cargos más allá de la imputación, y recuerden señores políticos, que en un
estado democrático están al servicio del bien común, no de las élites
dominantes e intereses particulares, incluidos los propios. Eso no es honesto,
quejosos señores políticos, aunque la mayoría de ustedes lo sean.
Lo que sucede en ese proceso de degeneración de su
honestidad es sencillo.
Partamos de dos premisas básicas que exige la voluntaria
actividad política democrática, debe velar por el interés de la mayoría del
pueblo y sus candidatos elegidos directamente por él. El primer vicio del
sistema es inherente a la esencia humana. Para ser elegido hay que ser
conocido, y para querer ser protagonista de ese circo se debe tener cierto tipo
de personalidad que diversos estudios psicológico y sociológicos señalan como
autoritaria, vanidosa y hambrienta de poder, así que es muy probable que las
candidaturas electorales estén repletas de gentes de este tipo, evidentemente
también gracias a la pasividad y comodidad del resto. El segundo ingrediente
que culmina el triunfo y generalización de las corruptelas en España, cuyo
sencillo arraigo se sustenta en una larga tradición de ellas tanto durante el
franquismo como en el resto de la historia de este ibérico conglomerado
iniciado por los Reyes Católicos, es el funcionamiento vertical de los partidos
políticos que gobiernan donde la democracia se diluye insignificante entre
trepas e intereses en la que se potencia una casta en la que quien se mueve no
sale en la foto. Las garantías de que lleguen al poder las personas más
autoritarias, vanidosas y hambrientas de poder están servidas, y aunque esas
características no sean causa directa de corrupción, tampoco son el caldo de
cultivo ideal para la el florecimiento de la honestidad puesto que vanidad y
poder se halagan y alcanzan fácilmente con dinero corrupto.
Sin duda hay más políticos honestos que corruptos, aunque el
riesgo de corrupción es directamente proporcional al poder que se acumule y la
falta de honestidad se da tanto en el corrupto como en quien le ampara, de ahí que
sea complicado creer que se combate la corrupción amparándose en la honestidad
pero apoyando, hasta un minuto antes de su imputación judicial e incluso de su
ingreso en prisión, a compañeros de dudosa reputación, mientras les jalean
públicamente. Encabezando el coro de aplausos y respaldos a muchos de los
sospechosos de sus huestes se encuentra el innombrable, no vaya a ser que nos
condenemos con solo citar su nombre, presidente del gobierno y del partido
popular.
Cuando uno está tan en connivencia con los imputados más
importantes y les alaba, además de compartir cotas de poder e ideologías, o
comparte y justifica sus actuaciones ilícitas o no se entera de las mismas. En
cualquiera de los dos casos estaría incapacitado para presidir un país, pues en
el primero sería un delincuente y en el segundo un ignorante. Y ahora, en pleno
proceso de regeneración inútil que dura ya cuatro años y en nuevo intento propagandístico
de pretender hacer algo para acabar con las mínimas corrupciones que aceptan en
lo que consideran un mar de honestidad políticas, les surgen un par de
representantes, en lo que parece ser la punta de un gigantesco iceberg, que
viajaban por la cara para asuntos particulares, y mientras uno dimite el otro se aferra al cargo y cambia de versión según el día y todas son jaleadas por sus compañeros de partido, pero ninguno de los dos paga. ¡Es que me cago,... Monago!
domingo, 26 de octubre de 2014
Protocolos peperos
La vigésimo tercera edición del diccionario de la RAE lo
autoriza. Podemos llamar pepero al actual gobierno de Rajoy, pues se define
como “perteneciente o relativo al Partido Popular español”, y nuestro
registrador presidente y sus secuaces ministros a fe que lo son. Hasta la médula.
Como también lo es la actual administración autónoma madrileña. Quizás por esa coincidencia
pepera en los gobernantes de ambas administraciones, ambas también mantienen
políticas desastrosas para la ciudadanía en cuanto a igualdad y protección
social mientras sus dirigentes, junto a sus cómplices de otros partidos,
sindicalistas y empresariales se forran con sobresueldos, tarjetas opacas y
cargos en los más variados y lucrativos consejos de administración. Pero
ciñéndonos a las funciones de poder en sus aspectos legislativos y ejecutivos,
ciertamente estas execrables prácticas de gobierno no son exclusivas de
peperos, y también las ejecuta con similar desfachatez CIU en Catalunya. Se
desmantela cualquier atribución del estado relacionada con el estado de
bienestar y se legisla a favor de selectas oligarquías y de promover la
injusticia social y mayores diferencias entre ricos y pobres. Educación,
sanidad, justicia, energía,… todo se legisla y ejecuta de tal manera que
favorezca a una minoría adinerada y perjudique a la mayoría ciudadana. Bajo esas
deleznables premisas parecen moverse los gobiernos peperos, con Rajoy al frente
del central, y expandiendo al resto los bandazos en sus actuaciones y su
protocolo de actuación, mostrándose implacable en sus intereses, pero ignorando
hasta la dejación cuanto no le interesa o le incomoda.
Este artero modo de gobernar se hace más dañino cuanto mayor
es la mayoría absoluta y lo ha efectuado el gobierno en prácticamente todas y
cada una de sus decisiones si exceptuamos la controvertida reforma de la ley
del aborto, en la que, de momento, han moderado sus intenciones aún a costa de
la dimisión de Ruiz Gallardón. Por lo demás no han tenido ningún escrúpulo en
incumplir su programa electoral o enfrentarse a las mayorías opuestas a sus
decisiones y actitudes. De ese se han deteriorado los existentes fundamentos
del estado en materias educativas, judiciales, energéticas, sanitarias,…con la
misma desfachatez con la que eluden cualquiera de las múltiples corruptelas que
empapan las filas populares o las negligencias de algunos de sus dirigentes en
el ejercicio de sus funciones. En este sentido es especialmente indicativo de las
dañinas actuaciones de los gobiernos peperos y sus prepotentes actuaciones y
protocolos todo lo relacionado con el virus Ébola.
Primero el gobierno central decidió traer de África a los
religiosos españoles afectados por la enfermedad. Lo hizo a bombo y platillo,
como demuestra la profusión informativa y las coloridas caravanas que
acompañaron al traslado; y sin evaluar costes, ni económicos, pues aunque se
estimó en unos 200.000 euros es imposible saber cual fue exactamente, ni éticos,
ya que se ignoró la voluntad de los afectados y a sus compañeros, ni
organizativos, puesto que se obviaron todos los posibles riesgos de la actuación,
tal y como se han demostrado. Previamente el gobierno pepero de la comunidad de
Madrid había desmantelado el hospital de Carlos III, que funcionalmente estaba
destinado a tratar este tipo de enfermedades y era el único capacitado para
hacerlo. Así una administración le pasó a la otra un marrón generado por las
decisiones y políticas de ambas, y a los responsables de las dos, y de que ni
los medios ni la preparación y protocolos fueran las adecuados, sólo se les
ocurrió culpabilizar de todo a la sanitaria de enfermería, Teresa Romero, que,
en el desempeño de sus funciones, se contaminó. En el prepotente modo de
gobernar pepero, hasta entonces todo había sido implacabilidad y bombo en su
propagandística decisión de expatriar a los religiosos contagiados, y dejadez
hasta el abandono en cuanto a sus consecuencias. Una vez contagiada Teresa
Romero la implacabilidad se volcó sobre su culpabilidad, y aunque más tarde
trataron de rectificar, ya la habían cagado, hasta con su implacable intento de
convertir su dejadez en eficiencia que aún sigue coleando. Se sacrificó al
perro Excalibur y Teresa aún sigue incomunicada desde que ingresara en el
Carlos III el pasado 6 de octubre y a pesar de que ya ha superado todos los
tiempos protocolarios de contagio. Un paradigmatico ejemplo al que acuden
nuestros neoliberales gobernantes, Estados Unidos, una sanitaria con perro,
como Teresa, se contagió una semana después que ella del temible virus. El perro
no se sacrificó, y ella no sólo no está aislada sino que hace un par de días
era recibida y abrazada por Obama.
También el protocolo de Rajoy le llevó a visitar el Carlos
III. Dentro de las vorágines propagandísticas llegó a bombo y platillo, miró de
lejos a los afectados y aprovechó para grabar su hombrada con el fin de posteriormente
distribuirla entre los medios de difusión, por si, como viene siendo habitual,
comparecer ante los periodistas le pudiera contagiar alguna enfermedad
peligrosa o alguna pregunta incomoda. Suerte que en este protocolo pepero el
sacrificado fuera sólo el perro.
La vigésimo tercera edición del diccionario de la RAE lo
autoriza. Podemos llamar pepero al actual gobierno de Rajoy, pues se define
como “perteneciente o relativo al Partido Popular español”, y nuestro
registrador presidente y sus secuaces ministros a fe que lo son. Hasta la médula.
Como también lo es la actual administración autónoma madrileña. Quizás por esa coincidencia
pepera en los gobernantes de ambas administraciones, ambas también mantienen
políticas desastrosas para la ciudadanía en cuanto a igualdad y protección
social mientras sus dirigentes, junto a sus cómplices de otros partidos,
sindicalistas y empresariales se forran con sobresueldos, tarjetas opacas y
cargos en los más variados y lucrativos consejos de administración. Pero
ciñéndonos a las funciones de poder en sus aspectos legislativos y ejecutivos,
ciertamente estas execrables prácticas de gobierno no son exclusivas de
peperos, y también las ejecuta con similar desfachatez CIU en Catalunya. Se
desmantela cualquier atribución del estado relacionada con el estado de
bienestar y se legisla a favor de selectas oligarquías y de promover la
injusticia social y mayores diferencias entre ricos y pobres. Educación,
sanidad, justicia, energía,… todo se legisla y ejecuta de tal manera que
favorezca a una minoría adinerada y perjudique a la mayoría ciudadana. Bajo esas
deleznables premisas parecen moverse los gobiernos peperos, con Rajoy al frente
del central, y expandiendo al resto los bandazos en sus actuaciones y su
protocolo de actuación, mostrándose implacable en sus intereses, pero ignorando
hasta la dejación cuanto no le interesa o le incomoda.
Este artero modo de gobernar se hace más dañino cuanto mayor
es la mayoría absoluta y lo ha efectuado el gobierno en prácticamente todas y
cada una de sus decisiones si exceptuamos la controvertida reforma de la ley
del aborto, en la que, de momento, han moderado sus intenciones aún a costa de
la dimisión de Ruiz Gallardón. Por lo demás no han tenido ningún escrúpulo en
incumplir su programa electoral o enfrentarse a las mayorías opuestas a sus
decisiones y actitudes. De ese se han deteriorado los existentes fundamentos
del estado en materias educativas, judiciales, energéticas, sanitarias,…con la
misma desfachatez con la que eluden cualquiera de las múltiples corruptelas que
empapan las filas populares o las negligencias de algunos de sus dirigentes en
el ejercicio de sus funciones. En este sentido es especialmente indicativo de las
dañinas actuaciones de los gobiernos peperos y sus prepotentes actuaciones y
protocolos todo lo relacionado con el virus Ébola.
Primero el gobierno central decidió traer de África a los
religiosos españoles afectados por la enfermedad. Lo hizo a bombo y platillo,
como demuestra la profusión informativa y las coloridas caravanas que
acompañaron al traslado; y sin evaluar costes, ni económicos, pues aunque se
estimó en unos 200.000 euros es imposible saber cual fue exactamente, ni éticos,
ya que se ignoró la voluntad de los afectados y a sus compañeros, ni
organizativos, puesto que se obviaron todos los posibles riesgos de la actuación,
tal y como se han demostrado. Previamente el gobierno pepero de la comunidad de
Madrid había desmantelado el hospital de Carlos III, que funcionalmente estaba
destinado a tratar este tipo de enfermedades y era el único capacitado para
hacerlo. Así una administración le pasó a la otra un marrón generado por las
decisiones y políticas de ambas, y a los responsables de las dos, y de que ni
los medios ni la preparación y protocolos fueran las adecuados, sólo se les
ocurrió culpabilizar de todo a la sanitaria de enfermería, Teresa Romero, que,
en el desempeño de sus funciones, se contaminó. En el prepotente modo de
gobernar pepero, hasta entonces todo había sido implacabilidad y bombo en su
propagandística decisión de expatriar a los religiosos contagiados, y dejadez
hasta el abandono en cuanto a sus consecuencias. Una vez contagiada Teresa
Romero la implacabilidad se volcó sobre su culpabilidad, y aunque más tarde
trataron de rectificar, ya la habían cagado, hasta con su implacable intento de
convertir su dejadez en eficiencia que aún sigue coleando. Se sacrificó al
perro Excalibur y Teresa aún sigue incomunicada desde que ingresara en el
Carlos III el pasado 6 de octubre y a pesar de que ya ha superado todos los
tiempos protocolarios de contagio. Un paradigmatico ejemplo al que acuden
nuestros neoliberales gobernantes, Estados Unidos, una sanitaria con perro,
como Teresa, se contagió una semana después que ella del temible virus. El perro
no se sacrificó, y ella no sólo no está aislada sino que hace un par de días
era recibida y abrazada por Obama.
También el protocolo de Rajoy le llevó a visitar el Carlos
III. Dentro de las vorágines propagandísticas llegó a bombo y platillo, miró de
lejos a los afectados y aprovechó para grabar su hombrada con el fin de posteriormente
distribuirla entre los medios de difusión, por si, como viene siendo habitual,
comparecer ante los periodistas le pudiera contagiar alguna enfermedad
peligrosa o alguna pregunta incomoda. Suerte que en este protocolo pepero el
sacrificado fuera sólo el perro.
viernes, 10 de octubre de 2014
Errores humanos
Ya está decidido. Nuestros gobernantes han encontrado que el principal culpable de toda la situación de alarma sanitaria provocada por el virus Ébola que invade últimamente este país hasta rozar la neurosis obsesiva y saturar los medios de difusión de masas es, como casi siempre, un error humano. Indefectiblemente cualquier actividad efectuada por humanos es susceptible de sucumbir a sus errores y está expuesta a ellos. Eso es inevitable. Lo preocupante es que siempre sean los demás los que cometen los errores. El grueso de las huestes populares y sus hordas mediáticas han decidido que el error humano culpable de la descontrolada situación proviene de la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, precisamente la principal víctima de toda la catástrofe hasta el momento.
El principal adalid de la obtusa acusación es el consejero de sanidad de la comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, quien no duda en cuestionar la profesionalidad de la auxiliar e incluso su inteligencia, afirmando que ocultó datos, que unas personas necesitan más formación que otras y que, en cualquier caso, para ponerse o quitarse un traje no hace falta un master. Aunque algunos miembros del PP han denostado claramente el discurso de Rodríguez, la posición oficial y difundida a través de sus voceros mediáticos no dista mucho de los contenidos amparados por el consejero madrileño, y convertidos en norma general para encontrar culpables externos y errores humanos ajenos en todos los contratiempos sufridos por los gobiernos populares. Concretamente en el caso que nos ocupa, Teresa Romero no hubiera cometido el error de contagiarse con un virus que llegó a España financiado por un gobierno cuyas propagandísticas ansias humanitarias provocaron la repatriación de misioneros sanitarios españoles contagiados por el virus Ébola en África. Sin entrar a valorar el noble gesto, quizás efectuado para satisfacer a la misma religión a la que afrentaría con la supresión de la gallarda reforma del aborto porque otros españoles en peligro de muerte no son socorridos y otros afectados por el Ébola no son repatriados si no son españoles, constituye un despropósito más dentro de la retahíla de ellos con los que nos gobiernan. Cuando menos, fue un garrafal error humano trasladar a un país que está desmantelando y precarizando la sanidad pública y a sus profesionales con el fin de desprestigiarla para potenciar su privatización a enfermos contagiados por una enfermedad peligrosa para ser cuidados por unos trabajadores no preparados para ello y sin darles la formación ni los medios adecuados. Otro más de los descomunales errores que cometidos por los gobernantes populares y que intentan ocultar bajo la búsqueda de culpables individualizados a quienes achacan errores humanos para eximirse a si mismos de responsabilidades.
En el fondo tal vez tengan razón, al fin y al cabo quienes legislan y gobiernan empobreciendo al pueblo, incumpliendo la ley de dependencia, recortando sanidad y educación así como las prestaciones y ayudas a los parados y más desfavorecidos, mientras permite los desahucios y rescata a las entidades bancarias que los amparan y enriquece a las grandes empresas legislando para fomentar sus beneficios y favorecer condiciones laborales de miseria no pueden cometer errores humanos porque sencillamente son inhumanos, como quienes les amparan y permiten su poder.
jueves, 2 de octubre de 2014
Abortos tardíos
La dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de
justicia el pasado día 23 de septiembre puso un inesperado fin a la restrictiva
ley del aborto programada por el Partido Popular. El acontecimiento es, sin
duda, un éxito momentáneo para la amplia mayoría que considera retrógrados los
contenidos barajados en la reforma popular propuesta por el exalcalde de Madrid.
Pero mientras las instituciones parlamentarias de este país estén dominadas por
las actuales tendencias gubernamentales, entre el neoliberalismo económico y el
medievo ideológico, el riesgo de que se intente un nuevo asalto a la ley en
vigor es elevado. En cualquier caso, y aunque este proyecto se haya abortado a
tiempo y no pueda afectar negativamente a ninguna mujer española, puesto que
quien no quiera abortar no está obligada a hacerlo, el ínclito Gallardón y las
directrices de Rajoy ya habían hecho el suficiente daño a la justicia española
aprobando medidas como la mal llamada Ley de Justicia Universal, que nacida con
el fin de que los gobiernos usamericano y chino, y sus adeptos, puedan actuar
impunemente, extiende esa impunidad a cualquier delincuente sin un vinculo
territorial o legal con España.
Las actuaciones del peor ministro de la materia en la
restaurada democracia española ya había logrado con anterioridad que la
Justicia española perdiera cualquier atisbo de la igualdad y equidad que la
debe caracterizar con la aprobación de
la Ley de Tasas que impone el pago de las mismas para determinados tipos de
recursos y situaciones, además de ceder a los intereses comerciales el registro
civil, el único que afecta a todos los españoles en algún momento de su vida o
muerte. La cesión puede suponer un suculento negocio para los registradores que
asumen su gestión una vez ya informatizado por el estado tras invertir más de
120 millones de euros. Entre los favorecidos por la decisión están la nuera del
propio Gallardón, con su registro en Villalba, localidad lucense que vio nacer
a Manuel Fraga Iribarne, y el presidente Rajoy, con su registro en Santa Pola,
localidad alicantina que por su volumen registral se había desdoblado en dos
registros pero que el pasado año mediante un decreto volvió a ser uno, el del Mariano
Rajoy Brey.
Así pues, el aborto de Alberto Ruiz Gallardón al frente del
Ministerio de Justicia ha sido demasiado tardío. Incluso si hubiera abortado
antes de la práctica política, a la que lleva dedicado más de 30 años, el
ayuntamiento de Madrid tal vez no sería el más endeudado de España y la
comunidad madrileña no tendría medio privatizadas la educación y la sanidad. Controvertido
y contradictorio, es un acérrimo defensor de la familia, aunque dentro de la
familia política popular se encuentre su más encarnizada rival, Esperanza
Aguirre. Pero a pesar de todo, y como en las más profundas familias de las
mafias italianas, cuatro días después de dimitir como ministro de justicia y de
anunciar su retirada de la política, fichó como consejero permanente del
Consejo Consultivo de la comunidad de Madrid. El cargo, similar al que ocupan
otra decena de momias políticas, básicamente del PP, pero también socialistas de
renombre como Joaquín Leguina, reportará al veterano político, y fiscal en
excedencia en Málaga desde 1983, cerca de 87.000 euros anuales, más que el
presidente del gobierno, por apenas una reunión semanal para tratar nimios
temas y adoptar decisiones no vinculantes. La creadora de semejante nido de
poltronas doradas en 2008 fue la lideresa Esperanza Aguirre, archienemiga del
recién nombrado, lo que deja claro que más allá de la desavenencias en la
familia, si es uno de los nuestros no le faltará un buen sillón con sus
excelentes prebendas.
A veces cabe pensar si hubiera sido más justo para la humanidad que por ejemplo personajes como Hitler hubieran visto truncada su existencia por alguna complicación inesperada. Ese sería un caso flagrante, pero sin duda hay muchos más casos en que sus protagonistas han hecho tanto mal que merecen formar parte de los abortos que son demasiado tardíos.
La dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de
justicia el pasado día 23 de septiembre puso un inesperado fin a la restrictiva
ley del aborto programada por el Partido Popular. El acontecimiento es, sin
duda, un éxito momentáneo para la amplia mayoría que considera retrógrados los
contenidos barajados en la reforma popular propuesta por el exalcalde de Madrid.
Pero mientras las instituciones parlamentarias de este país estén dominadas por
las actuales tendencias gubernamentales, entre el neoliberalismo económico y el
medievo ideológico, el riesgo de que se intente un nuevo asalto a la ley en
vigor es elevado. En cualquier caso, y aunque este proyecto se haya abortado a
tiempo y no pueda afectar negativamente a ninguna mujer española, puesto que
quien no quiera abortar no está obligada a hacerlo, el ínclito Gallardón y las
directrices de Rajoy ya habían hecho el suficiente daño a la justicia española
aprobando medidas como la mal llamada Ley de Justicia Universal, que nacida con
el fin de que los gobiernos usamericano y chino, y sus adeptos, puedan actuar
impunemente, extiende esa impunidad a cualquier delincuente sin un vinculo
territorial o legal con España.
Las actuaciones del peor ministro de la materia en la
restaurada democracia española ya había logrado con anterioridad que la
Justicia española perdiera cualquier atisbo de la igualdad y equidad que la
debe caracterizar con la aprobación de
la Ley de Tasas que impone el pago de las mismas para determinados tipos de
recursos y situaciones, además de ceder a los intereses comerciales el registro
civil, el único que afecta a todos los españoles en algún momento de su vida o
muerte. La cesión puede suponer un suculento negocio para los registradores que
asumen su gestión una vez ya informatizado por el estado tras invertir más de
120 millones de euros. Entre los favorecidos por la decisión están la nuera del
propio Gallardón, con su registro en Villalba, localidad lucense que vio nacer
a Manuel Fraga Iribarne, y el presidente Rajoy, con su registro en Santa Pola,
localidad alicantina que por su volumen registral se había desdoblado en dos
registros pero que el pasado año mediante un decreto volvió a ser uno, el del Mariano
Rajoy Brey.
Así pues, el aborto de Alberto Ruiz Gallardón al frente del
Ministerio de Justicia ha sido demasiado tardío. Incluso si hubiera abortado
antes de la práctica política, a la que lleva dedicado más de 30 años, el
ayuntamiento de Madrid tal vez no sería el más endeudado de España y la
comunidad madrileña no tendría medio privatizadas la educación y la sanidad. Controvertido
y contradictorio, es un acérrimo defensor de la familia, aunque dentro de la
familia política popular se encuentre su más encarnizada rival, Esperanza
Aguirre. Pero a pesar de todo, y como en las más profundas familias de las
mafias italianas, cuatro días después de dimitir como ministro de justicia y de
anunciar su retirada de la política, fichó como consejero permanente del
Consejo Consultivo de la comunidad de Madrid. El cargo, similar al que ocupan
otra decena de momias políticas, básicamente del PP, pero también socialistas de
renombre como Joaquín Leguina, reportará al veterano político, y fiscal en
excedencia en Málaga desde 1983, cerca de 87.000 euros anuales, más que el
presidente del gobierno, por apenas una reunión semanal para tratar nimios
temas y adoptar decisiones no vinculantes. La creadora de semejante nido de
poltronas doradas en 2008 fue la lideresa Esperanza Aguirre, archienemiga del
recién nombrado, lo que deja claro que más allá de la desavenencias en la
familia, si es uno de los nuestros no le faltará un buen sillón con sus
excelentes prebendas.
A veces cabe pensar si hubiera sido más justo para la humanidad que por ejemplo personajes como Hitler hubieran visto truncada su existencia por alguna complicación inesperada. Ese sería un caso flagrante, pero sin duda hay muchos más casos en que sus protagonistas han hecho tanto mal que merecen formar parte de los abortos que son demasiado tardíos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

