Abortos tardíos

La dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de justicia el pasado día 23 de septiembre puso un inesperado fin a la restrictiva ley del aborto programada por el Partido Popular. El acontecimiento es, sin duda, un éxito momentáneo para la amplia mayoría que considera retrógrados los contenidos barajados en la reforma popular propuesta por el exalcalde de Madrid. Pero mientras las instituciones parlamentarias de este país estén dominadas por las actuales tendencias gubernamentales, entre el neoliberalismo económico y el medievo ideológico, el riesgo de que se intente un nuevo asalto a la ley en vigor es elevado. En cualquier caso, y aunque este proyecto se haya abortado a tiempo y no pueda afectar negativamente a ninguna mujer española, puesto que quien no quiera abortar no está obligada a hacerlo, el ínclito Gallardón y las directrices de Rajoy ya habían hecho el suficiente daño a la justicia española aprobando medidas como la mal llamada Ley de Justicia Universal, que nacida con el fin de que los gobiernos usamericano y chino, y sus adeptos, puedan actuar impunemente, extiende esa impunidad a cualquier delincuente sin un vinculo territorial o legal con España.

Las actuaciones del peor ministro de la materia en la restaurada democracia española ya había logrado con anterioridad que la Justicia española perdiera cualquier atisbo de la igualdad y equidad que la debe caracterizar con la  aprobación de la Ley de Tasas que impone el pago de las mismas para determinados tipos de recursos y situaciones, además de ceder a los intereses comerciales el registro civil, el único que afecta a todos los españoles en algún momento de su vida o muerte. La cesión puede suponer un suculento negocio para los registradores que asumen su gestión una vez ya informatizado por el estado tras invertir más de 120 millones de euros. Entre los favorecidos por la decisión están la nuera del propio Gallardón, con su registro en Villalba, localidad lucense que vio nacer a Manuel Fraga Iribarne, y el presidente Rajoy, con su registro en Santa Pola, localidad alicantina que por su volumen registral se había desdoblado en dos registros pero que el pasado año mediante un decreto volvió a ser uno, el del Mariano Rajoy Brey.

Así pues, el aborto de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia ha sido demasiado tardío. Incluso si hubiera abortado antes de la práctica política, a la que lleva dedicado más de 30 años, el ayuntamiento de Madrid tal vez no sería el más endeudado de España y la comunidad madrileña no tendría medio privatizadas la educación y la sanidad. Controvertido y contradictorio, es un acérrimo defensor de la familia, aunque dentro de la familia política popular se encuentre su más encarnizada rival, Esperanza Aguirre. Pero a pesar de todo, y como en las más profundas familias de las mafias italianas, cuatro días después de dimitir como ministro de justicia y de anunciar su retirada de la política, fichó como consejero permanente del Consejo Consultivo de la comunidad de Madrid. El cargo, similar al que ocupan otra decena de momias políticas, básicamente del PP, pero también socialistas de renombre como Joaquín Leguina, reportará al veterano político, y fiscal en excedencia en Málaga desde 1983, cerca de 87.000 euros anuales, más que el presidente del gobierno, por apenas una reunión semanal para tratar nimios temas y adoptar decisiones no vinculantes. La creadora de semejante nido de poltronas doradas en 2008 fue la lideresa Esperanza Aguirre, archienemiga del recién nombrado, lo que deja claro que más allá de la desavenencias en la familia, si es uno de los nuestros no le faltará un buen sillón con sus excelentes prebendas. 
 

A veces cabe pensar si hubiera sido más justo para la humanidad que por ejemplo personajes como Hitler hubieran visto truncada su existencia por alguna complicación inesperada. Ese sería un caso flagrante, pero sin duda hay muchos más casos en que sus protagonistas han hecho tanto mal que merecen formar parte de los abortos que son demasiado tardíos.