Comisiones y expertos.

 Cada vez es más habitual en política que la toma de decisiones se escude en supuestas racionalidades de optimización y excelencia, la vacuidad de cuyos contenidos se basa en la propia artificialidad inespecífica de un lenguaje inventado en lo que denominan laboratorios de ideas, que no dejan de ser instrumentos de manipulación ideológica, para engañar tras su pomposa apariencia.

El invento encaja perfectamente para justificar socialmente las desigualitarias y elitistas medidas que recomienda el neoliberalismo monetario Friedmaniano impuesto desde las tendencias económicas creadas por la  Escuela de Chicago y que endiosan a los intocables mercados que se autorregulan para corregir defectos, en la cumbre de las tendencias que rigen la Economía, que ha pasado de ser real y tangible, a ser completamente ficticia y especulativa, con conceptos como “derivados”, “futuros”, “opciones”,…

Entre las más destacadas falacias inventadas para legitimar las decisiones se encuentran las comisiones y comités de  expertos, pues parece que sus resultados son infalibles ya que vienen validadas por el posible consenso de una comisión que además está formada por infalibles expertos.

Así se hace continuamente en el planeta y así se hizo en España, por ejemplo, con la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, convocada en abril de 2012 por el Consejo de Ministros y de escasa eficacia a juzgar por los resultados del rechazo generalizado a las actuaciones del Ministro Wert. Otros ejemplos sonados de la utilización de esa figura manipuladoramente legitimadora de barbaridades de todo tipo y compuesta por miembros ideológicamente seleccionados para satisfacer las perspectivas del gobierno de turno, fueron las comisiones, o comités, de expertos, o sabios, creados para fundamentar la ley de transparencia, que aún permite oscuras cloacas en la política y sus instituciones; para orientar la reforma tributaria, que recientemente ha recomendado subidas en IVA y otros impuestos; o para reformar la seguridad social y el sistema de pensiones, cuyos resultados pueden ser catastróficos.

La trampa de estos engañabobos consiste en que es el propio gobierno u organismo que encarga el trabajo a la comisión el que marca algunas de las directrices del estudio y elige a los expertos que la compondrán. En el caso del comité que aconsejará sobre las futuras pensiones entre los doce expertos elegidos para componerla, allá por julio de 2013, se encontraban ocho personas relacionadas con entidades financieras y con la patronal de las aseguradoras, deseosas ambas de que la tarta de los fondos que componen las pensiones públicas pase a manos privadas, con lo cual los consejos que adopte estarán condicionados en tal sentido.

Un ejemplo absolutamente demostrativo de la manipulación de esta prestigiada y rimbombante figura dentro de la falta de decoro, estética y cualquier tipo de consideración ética en el estilo de gobierno perpetrado por Mariano Rajoy y sus secuaces, no son sólo ya las habituales sustituciones de los componentes de los comités existentes por expertos más cercanos a sus ideas,  como sucedió con las variaciones en el Comité de Bioética, introduciendo miembros más cercanos a los contenidos de la Ley de Aborto promovida por Gallardón para “aconsejar” su aprobación cuando ya en su día hubo otro comité de expertos que avaló la reforma introducida por el gobierno Zapatero en defensa de una ley del aborto basada en los plazos, sino que crean descaradamente comisiones destinadas a avalar sus ideas, aún en temas polémicos y de clara división social. Así Wert, nuestro educado, culto y deportista ministro, propuso al Consejo de Ministros la creación de una Comisión de Trabajo para el fomento y protección de la tauromaquia el 12 de abril de 2013.  Recordemos que el Parlament catalán había aprobado una normativa que prohibía las corridas de toros a partir del 1 de enero de 2012, una medida respaldada por gran parte de los españoles, pero la comisión de expertos ni tan siquiera se cuestionaba los efectos negativos del maltrato a los animales que encierra la fiesta nacional, sino que abogaba directamente por su fomento y promoción. Evidentemente la comisión estaba compuesta por algún torero, miembros de peñas taurinas y empresarios del sector, así que sus trabajos favorecieron que en noviembre del pasado año lo que para muchos es considerado un cruel asesinato, la tauromaquia, fuera declarada patrimonio cultural por nuestro senado.

Los arteros derroteros de la política han reconvertido la máxima napoleónica que colocaba a las comisiones como perfectos instrumentos para dilatar hasta el infinito la toma de decisiones, en una perfecta farsa para instalar en las mentes de sus súbditos la idoneidad de decisiones muchas veces inapropiadas para el interés general. La clave está en elegir los expertos adecuados. En este sentido, mas allá de nombrar comisiones y expertos para formar parte de ellas, nuestros políticos han demostrado que son auténticos expertos en cobrar comisiones, como demuestran los múltiples casos de corrupción que atoran nuestros juzgados hasta la caducidad.