La dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de
justicia el pasado día 23 de septiembre puso un inesperado fin a la restrictiva
ley del aborto programada por el Partido Popular. El acontecimiento es, sin
duda, un éxito momentáneo para la amplia mayoría que considera retrógrados los
contenidos barajados en la reforma popular propuesta por el exalcalde de Madrid.
Pero mientras las instituciones parlamentarias de este país estén dominadas por
las actuales tendencias gubernamentales, entre el neoliberalismo económico y el
medievo ideológico, el riesgo de que se intente un nuevo asalto a la ley en
vigor es elevado. En cualquier caso, y aunque este proyecto se haya abortado a
tiempo y no pueda afectar negativamente a ninguna mujer española, puesto que
quien no quiera abortar no está obligada a hacerlo, el ínclito Gallardón y las
directrices de Rajoy ya habían hecho el suficiente daño a la justicia española
aprobando medidas como la mal llamada Ley de Justicia Universal, que nacida con
el fin de que los gobiernos usamericano y chino, y sus adeptos, puedan actuar
impunemente, extiende esa impunidad a cualquier delincuente sin un vinculo
territorial o legal con España.
Las actuaciones del peor ministro de la materia en la
restaurada democracia española ya había logrado con anterioridad que la
Justicia española perdiera cualquier atisbo de la igualdad y equidad que la
debe caracterizar con la aprobación de
la Ley de Tasas que impone el pago de las mismas para determinados tipos de
recursos y situaciones, además de ceder a los intereses comerciales el registro
civil, el único que afecta a todos los españoles en algún momento de su vida o
muerte. La cesión puede suponer un suculento negocio para los registradores que
asumen su gestión una vez ya informatizado por el estado tras invertir más de
120 millones de euros. Entre los favorecidos por la decisión están la nuera del
propio Gallardón, con su registro en Villalba, localidad lucense que vio nacer
a Manuel Fraga Iribarne, y el presidente Rajoy, con su registro en Santa Pola,
localidad alicantina que por su volumen registral se había desdoblado en dos
registros pero que el pasado año mediante un decreto volvió a ser uno, el del Mariano
Rajoy Brey.
Así pues, el aborto de Alberto Ruiz Gallardón al frente del
Ministerio de Justicia ha sido demasiado tardío. Incluso si hubiera abortado
antes de la práctica política, a la que lleva dedicado más de 30 años, el
ayuntamiento de Madrid tal vez no sería el más endeudado de España y la
comunidad madrileña no tendría medio privatizadas la educación y la sanidad. Controvertido
y contradictorio, es un acérrimo defensor de la familia, aunque dentro de la
familia política popular se encuentre su más encarnizada rival, Esperanza
Aguirre. Pero a pesar de todo, y como en las más profundas familias de las
mafias italianas, cuatro días después de dimitir como ministro de justicia y de
anunciar su retirada de la política, fichó como consejero permanente del
Consejo Consultivo de la comunidad de Madrid. El cargo, similar al que ocupan
otra decena de momias políticas, básicamente del PP, pero también socialistas de
renombre como Joaquín Leguina, reportará al veterano político, y fiscal en
excedencia en Málaga desde 1983, cerca de 87.000 euros anuales, más que el
presidente del gobierno, por apenas una reunión semanal para tratar nimios
temas y adoptar decisiones no vinculantes. La creadora de semejante nido de
poltronas doradas en 2008 fue la lideresa Esperanza Aguirre, archienemiga del
recién nombrado, lo que deja claro que más allá de la desavenencias en la
familia, si es uno de los nuestros no le faltará un buen sillón con sus
excelentes prebendas.
A veces cabe pensar si hubiera sido más justo para la humanidad que por ejemplo personajes como Hitler hubieran visto truncada su existencia por alguna complicación inesperada. Ese sería un caso flagrante, pero sin duda hay muchos más casos en que sus protagonistas han hecho tanto mal que merecen formar parte de los abortos que son demasiado tardíos.
La dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de
justicia el pasado día 23 de septiembre puso un inesperado fin a la restrictiva
ley del aborto programada por el Partido Popular. El acontecimiento es, sin
duda, un éxito momentáneo para la amplia mayoría que considera retrógrados los
contenidos barajados en la reforma popular propuesta por el exalcalde de Madrid.
Pero mientras las instituciones parlamentarias de este país estén dominadas por
las actuales tendencias gubernamentales, entre el neoliberalismo económico y el
medievo ideológico, el riesgo de que se intente un nuevo asalto a la ley en
vigor es elevado. En cualquier caso, y aunque este proyecto se haya abortado a
tiempo y no pueda afectar negativamente a ninguna mujer española, puesto que
quien no quiera abortar no está obligada a hacerlo, el ínclito Gallardón y las
directrices de Rajoy ya habían hecho el suficiente daño a la justicia española
aprobando medidas como la mal llamada Ley de Justicia Universal, que nacida con
el fin de que los gobiernos usamericano y chino, y sus adeptos, puedan actuar
impunemente, extiende esa impunidad a cualquier delincuente sin un vinculo
territorial o legal con España.
Las actuaciones del peor ministro de la materia en la
restaurada democracia española ya había logrado con anterioridad que la
Justicia española perdiera cualquier atisbo de la igualdad y equidad que la
debe caracterizar con la aprobación de
la Ley de Tasas que impone el pago de las mismas para determinados tipos de
recursos y situaciones, además de ceder a los intereses comerciales el registro
civil, el único que afecta a todos los españoles en algún momento de su vida o
muerte. La cesión puede suponer un suculento negocio para los registradores que
asumen su gestión una vez ya informatizado por el estado tras invertir más de
120 millones de euros. Entre los favorecidos por la decisión están la nuera del
propio Gallardón, con su registro en Villalba, localidad lucense que vio nacer
a Manuel Fraga Iribarne, y el presidente Rajoy, con su registro en Santa Pola,
localidad alicantina que por su volumen registral se había desdoblado en dos
registros pero que el pasado año mediante un decreto volvió a ser uno, el del Mariano
Rajoy Brey.
Así pues, el aborto de Alberto Ruiz Gallardón al frente del
Ministerio de Justicia ha sido demasiado tardío. Incluso si hubiera abortado
antes de la práctica política, a la que lleva dedicado más de 30 años, el
ayuntamiento de Madrid tal vez no sería el más endeudado de España y la
comunidad madrileña no tendría medio privatizadas la educación y la sanidad. Controvertido
y contradictorio, es un acérrimo defensor de la familia, aunque dentro de la
familia política popular se encuentre su más encarnizada rival, Esperanza
Aguirre. Pero a pesar de todo, y como en las más profundas familias de las
mafias italianas, cuatro días después de dimitir como ministro de justicia y de
anunciar su retirada de la política, fichó como consejero permanente del
Consejo Consultivo de la comunidad de Madrid. El cargo, similar al que ocupan
otra decena de momias políticas, básicamente del PP, pero también socialistas de
renombre como Joaquín Leguina, reportará al veterano político, y fiscal en
excedencia en Málaga desde 1983, cerca de 87.000 euros anuales, más que el
presidente del gobierno, por apenas una reunión semanal para tratar nimios
temas y adoptar decisiones no vinculantes. La creadora de semejante nido de
poltronas doradas en 2008 fue la lideresa Esperanza Aguirre, archienemiga del
recién nombrado, lo que deja claro que más allá de la desavenencias en la
familia, si es uno de los nuestros no le faltará un buen sillón con sus
excelentes prebendas.
A veces cabe pensar si hubiera sido más justo para la humanidad que por ejemplo personajes como Hitler hubieran visto truncada su existencia por alguna complicación inesperada. Ese sería un caso flagrante, pero sin duda hay muchos más casos en que sus protagonistas han hecho tanto mal que merecen formar parte de los abortos que son demasiado tardíos.
buen día de parte del heredero de la sección 3
ResponderEliminarel echar un cinco contra uno y el que pierda escupe, de toda la vida ha sido una gallarda o un gallardón, dependiendo de la intensidad de bombeo de la central lechera asturiana o de donde procediere la materia prima...
el caso y la cosa es que en esto de abortar candidatos con todas las papeletas en la mano (en la que no está ocupada 'aguirrando' el cuello al ganso), Elias Canetti tiene mejor vista que un servidor, ciego (de eso que quita el dolor) y con palos que dar a discreción.
¿de qué serviría abortar a esos hitlers, gallardones y aguirres? ¿Quiénes les han regalado la vida y sustentos a esa trinidad tan cruzada, tan evangelizada y tan romanizada? ¿No se llaman electores, electorado, votantes, soberanía popular (i.e. coñá Soberano pimplado por 'pepistas')?
La despreciable obediencia a la imagen del poder que nos regala el ingenio observador de Canetti, proviene de ese electorado de erecto grado. Los disfraces que antes llevaban los 'gallardones' derrocados, con presteza se los ponen a nuevos candidatos. Y el cuento de la lechera vuelve a empezar.
Por todo ello... ¿no deberían entrar en la lista de espera de abortables, todos y cada uno de esos que aplauden con votos las gallardas, las pajas, y las manolas de los poderosos?
Vuelves cañero. Incontestable. Bienvenido
ResponderEliminarvenido a trompicones y tardío a los latifundios de vuesamerced
Eliminar