Acto primero
Uno de los mejores modos de evitar la
participación de los interesados en determinados asuntos que les afectan es
complicar tanto la comprensión de su funcionamiento o regulación que la mera
posibilidad de tratar de aproximarse a ello para entenderlo, y así poder
mejorarlo o modificarlo, llegue a asustar por el entramado de complejidades que
encierra. Los menos jóvenes podrán recordar, por ejemplo, la simplicidad de los
antiguos motores de los coches. Al abrir el capó del motor no había dudas de
donde iba el líquido refrigerante, el aceite, las bujías, o cualquier otro
elemento susceptible de necesitar una actuación o reparación urgente para salir
del paso. Ahora, la complejidad provocada de los automóviles te obliga a que,
mayormente, tenga que ser un taller el que solucione cualquier tipo de
inconveniente. Es evidente que la comodidad nos empuja a ello, pero nos hace
completamente dependientes y necesitados de dinero para poder satisfacer casi
todas nuestras necesidades. Además, el mejor modo de empujar a la comodidad y a
la renuncia del dominio de cualquier tipo de actividad es complicarla tanto que
resulte incómoda y tediosa.
Si bien todo poder establecido pretende
mantener su dominio sobre el campo en el que extiende su mandato, la
globalización del sistema consumista capitalista ha mercantilizado cualquier
producto o servicio para que tenga un precio hace que ese control se intente
extender a todos los ámbitos de nuestra vida. La comodidad siempre ha sido el
principal motivo para adoptar y aceptar voluntariamente las nuevas tendencias,
si bien el prestigio que la ciencia o el conocimiento las puedan conferir son
otro extraordinario acicate para su propagación. El miedo es otro de los
grandes elementos para imponer normas o criterios con facilidad.
La implantación del globalizado sistema, actualmente,
se basa en dos pilares fundamentales que pretenden legitimarlo y organizar su
estructuras y funcionamiento en base a las mismas, y ambas se intenta limitar el
acceso a su comprensión del gran público mediante el enrevesamiento y la
complejidad, para así poder dominarlos mejor. Evidentemente podía no ser así, y
ser ambas herramientas esenciales en la construcción de una sociedad más justa
y ecuánime, pero jamás es de ese modo cuando prima sobre lo demás el dinero y
la obtención de los máximos beneficios.
El primer pilar, compuesto por las leyes,
normas, reglamentos y jurisprudencia bajo la forma del encumbrado Derecho, disfraza de legalidad y democracia a los gobiernos
y países, y marca reglamentariamente la vida de sus ciudadanos reflejando la
ideología, progresista o retrógrada, de sus impulsores, y por lo tanto pueden
diferir bastante en sus matices.
El segundo pilar se ha globalizado con el
sistema y evoluciona, y se copia, casi idénticamente en cada uno de los países
que se adhieren al mismo. Se trata de las directrices y tendencias que regulan
los modos de producción ascendidos al pedestal de Ciencias Económicas. Actualmente
las teorías neoliberales dominantes se basan en la supremacía de los mercados,
intocables por las legislaciones, y que en su autorregulación, provocan las
crisis con la finalidad de enriquecer a quienes más tienen a costa de la
progresiva pobreza de los demás.
Acto Segundo
Ambos pilares, Derecho y Economía, uno
desde sus particularidades y el otro desde su universalidad, comparten
estrategia para desapegarse del interés
de los ciudadanos y es vistiéndose de complejidad, tedio e incompresibilidad
para los profanos, lo que en primera instancia se logra a través de un lenguaje
técnico y engorroso que denota más trascendencia que transparencia para esconder
la realidad y alejar a los ciudadanos de su confección, para que se limiten a
acatarla. La creciente importancia de la Economía, además, hace que el Derecho
legisle bajo premisas y criterios macroeconómicos que sacrifican humanidad y
naturaleza en aras del máximo beneficio para el capital. Como nítido ejemplo
sirva el propio reino de España cuyas políticas sociales variaron notablemente
a partir de mayo de 2010, iniciando recortes presupuestarios bajo las
directrices económicas de los organismos europeos e internacionales. La
culminación a tales instrucciones se produjo durante el periodo vacacional
veraniego de 2011, cuando los grupos socialista y popular presentaron
conjuntamente la propuesta de modificación del artículo 135 de la constitución.
Se trataba de primar el pago de la deuda del estado con los bancos sobre
cualquier otro posible destino de los impuestos de los ciudadanos. La artera
aprobación se realizó en el pleno extraordinario del 2 de septiembre de 2011,
que había rechazado todas las enmiendas presentadas a la propuesta, y con 316
votos a favor, 5 en contra, la abstención de nacionalistas vascos y catalanes y
el abandono del hemiciclo por parte de las agrupaciones de izquierdas, que no
quisieron ser testigos, ni legitimar con su presencia, la atroz y servil modificación que, en detrimento del pueblo,
entrega la soberanía al capital. Gaspar Llamazares tuvo que permanecer en el
hemiciclo ante la cierta posibilidad de que socialistas y populares
introdujeran alguna modificación para ganarse el voto de PNV y CIU.
Tras aquella clara proclamación de prioridades,
y el posterior y aplastante triunfo electoral del PP, la política española ha
bailado al son de los intereses económicos y empresariales, recortando derechos
laborales y sociales e incrementando impuestos que han multiplicado la pobreza
y ampliado las diferencias entre ricos y pobres.
La facilidad con la que los políticos
españoles se plegaron a los intereses del capital no es novedosa, sino que es
algo recurrente en este país y en algunos aspectos supera con creces al
existente en todo el planeta o privilegia en exceso a determinados sectores
dominantes. Decenas de noticias desvelan que Internet, la telefonía o los
beneficios de las empresas energéticas son mayores en este país que en su
entorno europeo, mientras otras tantas denuncian que se encuentra a la cola de
prestaciones sociales y transparencia con respecto a sus socios occidentales.
Acto tercero
Quizás el más nítido ejemplo de los
desmanes legislativos de este reino con respecto a los intereses económicos de
determinados grupos, mientras es pernicioso para la mayoría, sea el relacionado
con la vivienda.
España era el país de la Unión Europea con
el mayor porcentaje de vivienda en propiedad. Esto era incuestionable, pero la
ampliación en el número de miembros en la institución nos ha relegado a la séptima plaza, si bien sigue siendo el líder
del grupo de países más desarrollados, y los que superan su porcentaje de
vivienda en propiedad se debe más a la miseria social en esos lugares en los
que gran parte de la población no tiene ingresos para pagar un alquiler, y
menos una hipoteca, con lo cual viven de cualquier modo, como sucedía en España
con el barraquismo que proliferaba durante el franquismo y cuyos pobladores no
eran ni propietarios, ni inquilinos. Así pues, queda claro que, efectivamente,
España es el país europeo, de los supuestamente desarrollados, con mayor
porcentaje de vivienda en propiedad.
Esto no es por casualidad, sino potenciado
por, entre otras cosas, las políticas fiscales que desgravan la adquisición de
vivienda, y en épocas de crisis, con elevado paro y recortes salariales e
incremento de impuestos, provoca que muchos propietarios pierdan sus inmuebles.
Los estudios, datos e informes señalaban que los desahucios en España durante
los últimos años se aproximan a los 150 diarios. Es cierto que una parte
importante de los mismos, algo más del 50 por ciento, está relacionado con el
impago del alquiler, lo cual no deja de ser dramático, que otra porción
considerable, cerca del 20 por ciento, se corresponden con hipotecas y
desahucios de segundas viviendas y otro tipo de inmuebles, pero casi el 30 por
ciento restante se corresponde con primeras viviendas.
El impulso especulativo del ladrillo,
aupado por la promiscuidad bancaria a la hora de conceder préstamos
hipotecarios, provocó una tormenta perfecta en el sector inmobiliario. Muchos
bancos se pillaron los dedos con sus excesos, pero hubo quien hizo un negocio
redondo con lo sucedido, incluidos los propios dirigentes bancarios que
blindaron sus millonarios salarios y dejaron los pufos al cargo del rescate que
pagamos. Evidentemente los propietarios que vendieron sus terrenos en plena
vorágine especulativa fueron los primeros que ganaron, algunos constructores y
promotores también ganaron, pero los que más ganaron, y sin necesidad de
arriesgar ni vender nada, fue un cuerpo funcionarial privilegiado desde su
creación.
Mientras tanto, una parte importante de los
ciudadanos sufre los excesos de los privilegios bancarios, registrales y
notariales.Unos malviven en el engaño mientras otros se instalan en el privilegio.
La ley hipotecaria española es tan injusta
que hasta el Tribunal de Justicia europeo en marzo de 2013 denunció que la ley
hipotecaria española abusiva e ilegal y no cumple la directiva comunitaria
sobre cláusulas abusivas en contratos privados con consumidores. La sentencia
no obliga a modificar la ley, aunque crea jurisprudencia en base a la cual los
jueces podrán paralizar los desahucios en caso de que el contrato particular de
la hipoteca contenga prácticas abusivas, como la cláusula suelo que marca un
tipo de interés mínimo independiente del oficial fijado. Otro aspecto lapidario
de la legislación hipotecaria española es que no contempla la dación en pago,
es decir la entrega de la vivienda como pago a la deuda adquirida, y aunque el
gobierno popular se apresuró a legislar para satisfacer a las instituciones
europeas y apenas tardó dos meses en hacerlo aunque lo hizo en solitario
amparado en su mayoría absoluta y rechazando la dación en pago universalizada que
aclamaba la sociedad y habitual en muchos países. Las únicas medidas fueron
limitar las condiciones para conceder créditos hipotecarios y establecer un
periodo de dos años durante los cuales no se ejecutaran desahucios a quienes
cumplan determinadas condiciones.
Así pues todo sigue parecido y el grueso
legislativo hipotecario se basa en una ley franquista aprobada por decreto en
1946, y cuyo reglamento se decretó un año después, que favorecía claramente a
los bancos y que apenas ha sido modificada en sus aspectos esenciales, de ahí
que persistan los intereses bancarios sobre los de los usuarios, si bien deja
abierta a la negociación privada sus contenidos, con lo que podría incluirse
una cláusula particular en cada hipoteca que admitiera la dación en pago, pero
en ese engorroso mundo apenas ningún usuario lo sabe y se han generalizado
modelos de contratos hipotecarios impuestos por los bancos y sus abogados y
economistas.
Llegado este punto cabe cuestionar la
función de los funcionarios que intervienen en el proceso hipotecario.
El origen del privilegiado millar de
funcionarios que hace interminables negocios gracias a las propiedades
inmobiliarias es anterior a los decretos franquistas y surgió al amparo del
reinado de Isabel II y en plena implantación del liberalismo en España y
después de sucesivas desamortizaciones se aprobó la primera ley hipotecaria el
8 de febrero de 1861. Se trata de los registradores de la propiedad, a cuya
poderosa élite pertenece Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Para
completar el elenco de partícipes en el festín hipotecario el 28 de mayo de
1862 se aprobó la ley del notariado en España. Ambos privilegiados funcionarios
son los únicos que no tienen una nómina que limite sus ingresos, sino que
cobran directamente de los usuarios, y
por cuyas manos pasan las hipotecas y sus cláusulas abusivas. A pesar de ello
no denuncian sus posibles contenidos ilícitos y se limitan a leer
aceleradamente los textos y a cobrar sus abundantes honorarios. Por si fuera
poco ambos colectivos, especialmente el de los registradores, aspiran a hacerse
con gran parte de las gestiones que actualmente realizan los registros civiles,
hasta ahora gratuitamente.
La vivienda sólo afecta a sus propietarios,
pero en el registro civil figuramos absolutamente todos, con lo que el negocio, el engaño y el privilegio
pueden ser universales. Por cierto, un informe de la Organización de consumidores
y Usuarios (OCU) de 2013 señalaba que un elevado número de ambos profesionales inflaban sus minutas
considerablemente.
De los cuatro hermanos que componen la familia Rajoy, tres son registradores y uno notario, aunque éste último falleció el pasado mes de marzo.La nuera de Gallardón, encargado de desmantelar la justicia y de privatizar cuando pueda de la misma, incluido el registro civil, también es regitradora de la propiedad. Todo queda en casa.
De los cuatro hermanos que componen la familia Rajoy, tres son registradores y uno notario, aunque éste último falleció el pasado mes de marzo.La nuera de Gallardón, encargado de desmantelar la justicia y de privatizar cuando pueda de la misma, incluido el registro civil, también es regitradora de la propiedad. Todo queda en casa.
A la cueva del francés, agua escopeta y caza.
ResponderEliminarACTO del CUARTO OSCURO o ACTO SEXUAL:
ResponderEliminarhay que volver a copular en las cuevas como los neanderthalensis;
o sodomizar con un androide dotado de acero oxidable a la 'derecha hiPPotecaria';
o cazar neoliberales para alimentarse de su carne a la lumbre de un fuego hecho con la madera de la que están hechas las cruces....